La presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, Maricela Contreras Julián, reprobó la decisión de los cinco magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que protegieron a su compañero Héctor Gálvez Sánchez, magistrado de circuito acusado de acoso sexual por dos de sus subordinadas.
De acuerdo con un boletín de prensa oficial, la funcionaria dijo que es indignante que los representantes del máximo tribunal de la nación, encargados del cumplimiento de la ley, omitan esta responsabilidad sólo para proteger a un magistrado que ha sido señalado como un acosador que hace uso de su poder, por lo cual debería ser destituido de manera fulminante.
Con estas actitudes, afirmó, los magistrados provocan el descrédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ponen en tela de juicio su imparcialidad en la aplicación de la ley.
Estas declaraciones se desprenden de la resolución del recurso de revisión administrativa 18/2004, en la que cinco de seis magistrados revocaron la resolución de la Judicatura Federal de destituir de su cargo a Gálvez Sánchez, acusado por abuso sexual por dos de sus subordinadas.
Así, la SCJN decidió solamente separarlo de su cargo por seis meses; al regresar Gálvez recuperará todos sus derechos, ya que los cinco magistrados decidieron que no es grave que otro magistrado solicite un beso a dos de sus subordinadas. Los ministros aducen que «se trata de una falta leve; solicitarles un abrazo también es leve; hacerles una proposición para tener relaciones sexuales es menos leve, y solicitar que las mujeres se vistan con minifalda también es leve».
«Los magistrados ignoraron todos los daños que el hostigamiento sexual causa en la integridad de las víctimas. No negaron el acoso sexual, pero sí lo minimizaron, lo consideraron leve, quizá como también es leve el que se afecte la imagen institucional, que haya deterioro en la función jurisdiccional; así como es también leve la falta de profesionalismo en el actuar y la falta de respeto hacia sus subordinados», remarcó la legisladora.
La diputada Contreras Julián añadió que, como institución, la SCJN es el lugar de donde emana la última palabra de la justa razón, recordó que el hostigamiento sexual es un delito establecido y sancionado por el artículo 259 del Código Penal Federal, donde se establece con claridad que cuando el hostigador sea servidor público y cometa esta conducta en el centro de trabajo, valiéndose de su posición jerárquica, será destituido de su cargo.
Dijo que en la aplicación de las leyes no puede haber privilegios o excepciones; menos aún cuando antes una autoridad como el Consejo de la Judicatura determinó que el servidor público había incurrido en hostigamiento sexual en agravio de dos subordinadas.
Contreras Julián manifestó que uno de los problemas más álgidos en el país es que esté en tela de juicio la impartición de justicia y que prevalezca la impunidad ante la ola de secuestros, la delincuencia organizada y el feminicidio en Ciudad Juárez, que puede extenderse a otros estados.
De ahí la importancia de no soslayar ni mirar como una «falta leve» una decisión del Poder Judicial Federal que, por ende, repercutirá en el comportamiento de quienes laboran en las instituciones públicas encargadas de procurar justicia.
05/GV/YT
