La directora de Salud Integral para las Mujeres (SIPAM), Pilar Muriedas, señaló que el nuevo Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud podría desarticular la atención de las mujeres y echar atrás los acuerdos de El Cairo en la materia.
Consideró que el nuevo centro –que se prevé abra sus puertas la próxima semana y que aglutinará los programas del Sector Salud dirigidos a las mujeres- no es congruente con la terminología de los acuerdos de El Cairo y podría significar retrocesos en la salud de las mujeres.
Hizo ver que a pesar de que en el discurso el secretario del ramo, Julio Frenk, se asegura que la intención del centro es aplicar la perspectiva de género en la política de salud, no existe claridad en torno a este concepto, cuyo riesgo es que se realicen acciones aisladas con repercusiones graves para la salud de las mujeres.
Igualmente desconfió de que exista voluntad para incrementar las acciones para favorecer la salud sexual y reproductiva de la población, tras señalar que en la nueva estructura el gobierno no ofrece una estrategia para atender el aborto, ni siquiera cuando pueda ser legal.
La defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, insistió en que el nuevo centro pretende volver a esquemas históricos que desarticulan la atención de la salud integral de la mujer para atender los problemas de manera aislada.
Por otro lado, señaló Muriedas, persiste el escozor en cuanto a los temas relacionados con el ejercicio de la sexualidad y los procesos de reproducción humana, «dada la hegemonía de una cultura judeocristiana opuesta a la equidad de género en nuestro país».
En las instituciones de salud persiste, insistió, la resistencia a la tolerancia y la falta de respeto a la diversidad. En este sentido, a casi 10 años de la Conferencia de El Cairo, urge una revisión de los avances logrados que impida dar marcha atrás en el programa de acción.
«En 10 años –aseveró- no hemos sido capaces de construir una cultura de promoción y respeto a los derechos humanos y civiles en las instituciones de salud, pues no se consideran una prioridad».
2003/SM/GMT
