La democracia representativa supone que los intereses definidos por los varones son los intereses de toda la sociedad, de ahí que las mujeres deban compartir esos intereses y, en todo caso, ampliarlos a la sociedad en su conjunto, señala Celia Amorós, en «La participación de las mujeres en la democracia representativa».
En la democracia representativa, los intereses de las mujeres «representan intereses particulares incapaces de convertirse en intereses de todos», dice la autora en su texto, incluido en el libro La Cuota de Género en México y su impacto en los Congresos estatales, coordinado por Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara.
«En todo caso pueden interesar a todas las mujeres, pero no pueden elevarse a la categoría de universal, porque, al estar definidos por el espacio de lo doméstico, su interés alude a lo específico».
Y la particularidad de estos intereses es «una falacia», ya que parece que los asuntos de las mujeres «son cuestiones aparte de la sociedad».
Los intereses de las mujeres definidos en el ámbito privado-individual, hace creer que son la suma de pequeños acontecimientos sucedidos a las mujeres, que en la parte social ocurren fuera del ámbito doméstico, dice la autora.
Es así como se cree que la incorporación de las mujeres al Congreso dará pie a que hay «sujetos» que cuenten con la capacidad de proponer agendas legislativas con perspectivas de género y que, dicho sujeto «permita la deconstrucción de los ámbitos público y privado como entidades clasificatorias».
Sin embargo, afirma la autora, «la construcción de las mujeres como sujetos políticos requiere acciones más allá de la incorporación de las mujeres al Congreso, requiere desmontar los mecanismos que desigualan socialmente a hombres y mujeres».
Por su parte Griselda Gutiérrez Castañeda, en su ensayo Desencializar la(s) política(s) de género, incluido en el mismo libro, afirma que el ejercicio democrático pluralista habla sobre los retos que significa la participación de las mujeres en lo ámbitos de representación construidos en ausencia de ellas.
Políticamente, apunta, a las mujeres se les ha dado la condición de inexistentes o «la calidad de problema», con ello, se le ha borrado y negado. Incluso, explica, existen técnicas segregacionistas en las que, cuando se abre un lugar para las mujeres, es en espacios separados, acotados y marginados.
De acuerdo con Gutiérrez Castañeda, pensar en el acceso igual no es suficiente: «No basta con el reconocimiento de nuestra igualdad formal, tenemos razones fundadas para no compartir el optimismo de quienes así argumentan».
Lo anterior, ya que, no las mujeres no tienen un acceso igual, pues, según las cifras señaladas por la autora, la población femenina representa el 62 por ciento de la población mundial, y su presencia política en cargos de representación, tanto en países más desarrollados y los menos desarrollados, no rebasa el 20 por ciento.
«Igualdad formal no equivale a oportunidades iguales, ahí están los números que lo prueban y testifican tanto en el plano privado como en el público», indica.
Y explica que la vía actual para conciliar oportunidades iguales con igualdad formal es la política de cuotas: «Sostener que la representación política como equivalente a la representación del interés general nos incluye es ingenuo, porque su consolidación conceptual e institucional se construyó sobre la base de nuestra expulsión».
Al plantearse las mujeres el deseo de aumentar la proporcionalidad de la representación femenina, dada nuestra contundente presencia numérica a nivel demográfico, lo que tendría que distinguirse es cuál criterio, el numérico o el cualitativo, es el decisivo, argumenta.
Asimismo, señala la autora, tendría que comprobarse que un mayor número de representes mujeres garantiza que los intereses de las mujeres fuesen más apropiadamente representados.
Y aún cuando provisionalmente la problemática es la proporcionalidad, dice la autora, hay una dificultad de que el criterio de número sea la solución a los problemas de inclusión, sin embargo, enfatiza, es una problemática que no se puede desatender.
LAS CUOTAS
La participación de las mujeres mexicanas dentro de la Cámara de Diputados, en los últimos 48 años, ha sido modesta, dice en el libro Cecilia Cervantes Gutiérrez: ellas han ocupado 476 de las 4 mil 948 curules, lo cual representa el 9.6 por ciento.
De la legislatura XLVI a la LVII, señala Cervantes Gutiérrez, las mujeres ocuparon 64 escaños de los 630 en la Cámara de Senadores, es decir, el 10.1 por ciento del total.
Y en los estados, la situación no es diferente: Colima sólo ha tenido 5 diputadas federales y 4 senadoras en 11 legislaturas y 17 años desde 1953, año en que se le reconoció a las mujeres su derecho al voto, para que las mujeres de Colima estuvieran representadas por una mujer, Aurora Ruvalcaba Gutiérrez, en el Congreso de la Unión, señala la autora.
Mientras tanto, en Baja California Sur, no se consigna la participación política de la mujer, asegura en el libro Blanca Olivia Peña Molina, en su artículo Sistema de cuotas y masa crítica en el Congreso de Baja California Sur.
En dicho estado, refiere la autora, de las once asambleas legislativas, incluida la actual, de un total de 176 diputados propietarios electos el 83.6 por ciento han sido hombres, mientras que el 16.4 mujeres.
Asimismo, en Jalisco, uno de los estados más grandes de la República, en aproximadamente 180 años de existencia del Congreso, tan sólo 32 mujeres han sido diputadas propietarias, de acuerdo con María Candelaria Ochoa Ávalos, en su texto Los candados de la Ley de Cuotas para la representación femenina en el Congreso de Jalisco.
A decir de la autora, en Jalisco hay «candados» para limitar la participación de las mujeres. Aún cuando se aprobó la ley de cuotas en dicho estado el 24 de octubre de 2002, sólo aplica a la mitad de las candidaturas, es decir, en Jalisco, sólo aplica para 20 diputaciones.
Por lo que, explica Ochoa Ávalos, la aprobación de la ley de cuotas no es suficiente: «se requiere que el proceso de aplicación de la misma sea cuidadosamente revisado para que la selección y nominación de mujeres que garantice la composición de la Cámara con el 30 por ciento de mujeres».
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