La presión de la Iglesia Católica y grupos ultraconservadores como Provida, se hizo presente de nuevo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), luego de que las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), mandaron a la «congeladora» la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia.
En tiempos en que se habla de construir una nueva sociedad democrática, del reconocimiento de la diversidad social y de protección positiva de los derechos humanos como base para eliminar la discriminación y la desigualdad entre los habitantes de la Ciudad de México y del país, se dio marcha atrás a la iniciativa.
En la última reunión del periodo ordinario de sesiones de la ALDF –el 30 de abril—la iniciativa fue excluida en la orden del día. Sólo fue listada después de que Enoé Uranga (su promotora), del Partido Democracia Social, al frente a una decena de legisladores de distintas fracciones parlamentarias, tomó la tribuna para exigir su inclusión, pues había sido sacada por la Comisión de Gobierno.
Lograron la inclusión luego de tres horas de negociaciones, pero la iniciativa obtuvo el lugar 18 de los 32 puntos que en teoría deberían ser discutidos esa fecha.
De nada sirvió. Cuando el diputado panista Tomás López García, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, contaba los votos para conocer si el dictamen de la Nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (punto 17 de la agenda) era aprobado, el resultado fue 33 votos a favor y cero abstenciones, por ello declaró que no existía quórum para continuar la sesión. De un total de 66 integrantes, faltó sólo uno para continuar.
Así, antes de discutirse en el pleno de la Asamblea, diputados del PAN, PRI y PRD abandonaron el salón y la sesión se suspendió.
No sirvieron de nada las protestas de Enoé Uranga, Jaime Guerrero, Miguel González Compeán, Eugenia Flores y Armando Quintero, quienes nuevamente tomaron la tribuna, pero ahora sin ningún resultado.
LEY TRUNCADA
La Ley de Sociedades de Convivencia, propuesta desde abril de 2001 por la diputada Enoé Uranga, no legaliza las uniones de gays y lesbianas, sino que pretende, de acuerdo con el texto de la iniciativa «garantizar los derechos por la vía de la legitimación, de aquellas uniones que surgen de las relaciones afectivas a las que el derecho mexicano no reconoce aún consecuencias jurídicas».
Es un acto jurídico entre dos personas del mismo o de distinto sexo que hayan decidido vivir en un hogar común y que aspiren a proteger su patrimonio (alimentos, casa, gastos médicos), sucesión y tutela legítimas.
La iniciativa se fundamenta en que toda vez que, según cifras oficiales, la tercera parte de los hogares mexicanos (32.7 por ciento) no responden a la estructura familiar nuclear y al menos el 19 por ciento están encabezados por una mujer.
YA HABIA SIDO RECHAZADA
El 4 de julio de 2002, con 31 votos a favor de las y los legisladores panistas y del tricolor, y 30 en contra del PRD, Democracia Social, Verde Ecologista, del Trabajo y Convergencia por la Democracia, se aprobó una moción suspensiva presentada por el diputado del blanquiazul Francisco Solís Peón y la votación se pospuso para septiembre de ese año.
En esa ocasión, las y los diputados que se manifestaron porque se discutiera y votara la Ley de Sociedades de Convivencia acusaron a las fracciones del PRI y del PAN de «seguir los dictados de la iglesia católica y de grupos oscurantistas contrarios a la diversidad y la tolerancia».
La acusación cobró fuerza luego de que legisladores del blanquiazul ofrecieron, antes del comienzo del debate en la ALDF, una conferencia de prensa con representantes de Provida y de la Asociación Nacional Cívica Femenina en rechazo a la Ley de Sociedades de Convivencia.
SUSTENTO
En diversos foros se discutió la Ley de Sociedades de Convivencia, en uno de ellos, realizado en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, Patricia Galeana, María Amparo Casar, Martha de la Lama, Emilio Alvarez Icaza y Jacqueline Peschard, se pronunciaron a favor.
Para Jacqueline Peschard, única mujer consejera electoral y analista política, defendió la ley como parte integral de las sociedades que se precian de ser democráticas, plurales y diversas y aseguró que a través de los conflictos se está dando un constante reclamo de reconocimiento a las particularidades sociales, en donde es necesario respetar lo que un individuo es y también lo que elige ser.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, expresó que el reconocimiento de la diversidad en las relaciones sociales como las que se plantean en la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia es un «principio civilizatorio» que debe redondearse en la acción.
La propuesta tendrá que esperar a la nueva legislatura de la ALDF, o en su caso, lo cual es casi imposible, que haya un periodo extraordinario de sesiones.
2003/RG/MEL
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