Si se lleva a cabo el careo entre los niños César y Andrés, de 9 y 10 años de edad, con Isidro López, alias «Matute», a quienes ellos señalan como el feminicida de su madre, pues atestiguaron el asesinato, sufrirán un «golpe emocional» imborrable, y ni siquiera con psicoterapia, antes, durante y después del careo el daño sanará.
Así lo advirtió Ana Gladys Vargas, directora de Vinculación y Desarrollo de la organización civil Tech Palewi, que atiende a mujeres e infancia en situación de crisis, al enterarse de que Felipe Landeros Herrera, juez Tercero de lo Penal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, autorizó que el próximo 19 de junio se lleve a cabo el careo entre los niños y el presunto asesino, así como con 10 testigos de cargo.
César y Andrés son los únicos testigos presenciales del asesinato de su madre, Nadia Alejandra Muciño, a manos de su esposo Bernardo López Gutiérrez, ayudado por su hermano Isidro, el 12 de febrero de 2004, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, según el testimonio de los menores de edad, en el que señalaron también que fueron amenazados por su propio padre si revelaban qué había sucedido.
«Un día en la noche –relató Andrés, el menor de los niños, a las autoridades mexiquenses– estaba mi papá, mi mamá y ‘Matote’ en mi casa platicando y tomando cervezas y mis hermanos y yo estábamos en el cuarto viendo televisión, luego mi papá y ‘Matote’ echaron a mi mamá a la cisterna y ella decía que la sacaran, que la dejaran en paz, entonces la sacaron y la llevaron al baño. Mi papá y ‘Matote’ mataron a mi mamá, le pusieron una cuerda en el cuello y la colgaron».
Son niños «multidañados», señala Gladys Vargas, mientras más vulnerables sean es mayor la responsabilidad de protegerlos y en este caso el Estado no está velando por los derechos de los menores de edad.
La confrontación entre los niños y el feminicida de su madre no debe llevarse a cabo porque les generaría un impacto «sutil a la vista, pero importante en lo profundo» ya que representa una situación amenazante. Y aunque la psicoterapia da elementos para que lo sobrelleven la cicatriz no se borra», advirtió a Cimacnoticias.
La afectación que sufrirían los niños a corto, mediano y largo plazo, les provocaría miedo, temor a las figuras adultas de ciertas características, pánico, fobias, depresión, cuadros psicosomáticos, indefensión, problemas para relacionarse con la autoridad y adultos en general, lo que repercutiría también en el «terreno escolar».
«¿Por qué seguir dañándolos más? ¿Valdrá la pena exponerlos? Los niños llevan mucho tiempo en este proceso, es una situación muy delicada porque no tienen los recursos internos para procesar ese momento», aseguró la experta.
CONTRA LA CONSTITUCIÓN
Además de poner en riesgo la integridad emocional de los menores de edad con el careo, la decisión del juez Landeros Herrera está fuera de la ley, explica a Cimacnoticias la abogada Patricia Olamendi Torres, especialista en Derecho Penal y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y asesora de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La orden del juez de carearlos con el presunto asesino y con los 10 testigos de cargo el próximo 19 de julio contraviene los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que protegen los derechos de la infancia en estas circunstancias, detalla la experta.
El careo, dijo tajante la maestra Olamendi, no debe realizarse, pues el juez antepuso los derechos del agresor a los de los niños, quienes presenciaron el asesinato.
La orden de careo dictada por el juez Landeros Herrera también contradice la recomendación y dictámenes de peritos en psicología de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quienes advirtieron sobre el daño emocional que sufrirían los niños, únicos testigos del asesinato de su madre.
«HORRORES» JUDICIALES
Para Gladys Vargas, en situaciones como ésta, donde los derechos de las y los menores de edad son violentados desde sus familias, se suma la violencia de las instituciones que los vuelven a victimizar con este tipo de acciones, pues se priorizan los derechos del inculpado sobre los de los niños.
Esto ocurre, añadió, porque «a las autoridades les cuesta mucho trabajo entender que los menores de edad no cuentan con la madurez neurológica suficiente y que están en profunda vulnerabilidad».
En ello coincide la maestra Patricia Olamendi, quien asegura que este caso es uno de los muchos «horrores» registrados en la impartición de justicia en el Estado de México, pues añadió que dicha entidad son varios los casos de jueces que «han actuado mal».
Insistió en que se necesario exigir al Poder Judicial del Estado de México que las y los juzgadores cumplan con la ley y cuenten con una mayor sensibilización porque «cuando se trata de menores de edad, son asuntos muy delicados».
MP DEBE APELAR
Asimismo, mencionó Olamendi que es obligación de la Ministerio Público (MP), Patricia Gómez Martínez, apelar la decisión del juez y presentar los elementos necesarios para que el careo no se realice y de este modo se salvaguarde la integridad de los niños.
Sin embargo, Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra, mencionó a Cimacnoticias que la MP no ha realizado ninguna apelación y tampoco ha presentado recursos para una resolución favorable, para que se haga justicia en el caso de la joven, asesinada en su casa, frente a su hija de dos años y sus dos hijos, entonces de 4 y 5 años de edad.
Mientras tanto, Bernardo López Gutiérrez, padre de los niños, pareja de Nadia, está prófugo y hace 2 años su hermano, apodado «Matute», permanece detenido en espera de que el juez Tercero de lo Penal de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) emita sentencia.
09/GCJ/GG
