Daños ambientales afectan más la salud de las mexicanas

Los roles desiguales entre mujeres y hombres también repercuten en que ellas estén más expuestas a los riesgos ambientales para la salud derivados de actividades mineras e industriales, incluso aunque no laboren en estos proyectos, al mismo tiempo que su participación social en la solución de daños ecológicos es muy limitada.
 
Así lo señala la investigación “Inequidad de género en salud en contextos de riesgos ambientales por actividades mineras e industriales en México”, elaborada por Minerva Catalán Vázquez y Horacio Riojas Rodríguez, y publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
 
Para el estudio –incluido en la Revista Panamericana de Salud Pública– se analizó la forma en que el distrito minero de Molango de Escamilla, municipio del estado de Hidalgo; un corredor industrial en Puebla –del que no se especifica su ubicación–, y un relleno sanitario en Cuautla, Morelos, afectan la salud de las mujeres.
 
El objetivo fue documentar cómo se manifiesta la inequidad de género en contextos de pobreza y en diferentes escenarios de riesgo ambiental.
 
Según los tres estudios, las mujeres viven en condiciones de pobreza y marginación, por lo que tienen bajos ingresos, bajos niveles de educación y acceso limitado a servicios de salud, la seguridad social y servicios básicos.
 
Por esta condición de género –dicen los autores– desde que empezó la actividad minera, hace más de 60 años, las mujeres han estado más expuestas a los elementos químicos que se desprenden de la actividad que los hombres (a menos que éstos sean mineros).
 
Explican que la exposición se da cuando realizan las labores de limpieza de la vivienda, van al campo a traer la leña que utilizan como combustible en las cocinas, y lavan la ropa de la familia y de los mineros, que puede pertenecer a sus familiares o a otros hombres de la comunidad.
 
Las mujeres también sufren otros efectos de la contaminación por estos elementos (principalmente manganeso), como la desaparición de frutos y hortalizas de sus patios o parcelas.
 
Por este motivo, ahora ellas tienen que comprar lo que antes obtenían de la tierra, lo cual supone un costo monetario y una mayor dependencia económica respecto a los varones.
 
El impacto de estos elementos en la salud femenina se traduce en efectos respiratorios, neuro-cognitivos (como problemas de aprendizaje en las niñas), dermatológicos, trastornos gastrointestinales, y aumento de la violencia en las mujeres que tienen compañeros mineros.
 
Los daños en la salud de las mujeres del corredor industrial en el estado de Puebla (en el que igualmente se exponen a riesgos tóxicos) se traducen en efectos respiratorios, cáncer, malformaciones congénitas, partos prematuros y lesiones cutáneas.
 
“Las mujeres refieren que vivieron sus embarazos con constante temor e incertidumbre por los antecedentes de partos prematuros y malformaciones congénitas que hay en la comunidad (aunque el estudio no precisa cuál)”, asienta la publicación.
 
Para los tres casos de estudio se concluye que la inequidad de género incide en niveles más altos de exposición al riesgo ambiental, en daños para la salud generados por esta exposición, y en una baja participación social de las mujeres en la solución de los problemas ambientales.
 
A lo que se suma que en la actividad minera, al considerarse una labor masculina, las leyes que regulan las condiciones de trabajo, la salud y los derechos sociales de las y los mineros no protegen el embarazo ni previenen riesgos ginecológicos.
 
Igualmente, aunque las trabajadoras tienen grandes riesgos para la salud derivados de la actividad minera, tienen pocas posibilidades de participar en la llamada “gestión de riesgo” de estas empresas.
 
Minerva Catalán y Horacio Riojas proponen que durante la evaluación de los riesgos sanitarios para la instalación de plantas u otras actividades industriales se consideren estas diferencias de género, así como propiciar la equidad entre los sexos en la participación social, lo que implica una amplia convocatoria por parte de las autoridades de todos los niveles, así como un trabajo continuo con las mujeres y hombres de las comunidades.  
 
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