De 1997 a 2002, 40 mujeres fueron violadas sexualmente por día en todo el país, según el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que reportó que el 1.5 por ciento de los delitos denunciados en este periodo fueron sexuales.
En el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, presentado por la Secretaría de Salud la semana pasada, destaca que durante estos seis años el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Puebla fueron los que encabezaron la lista de este tipo de agresión contra las mujeres.
No obstante, el Estado de México tuvo casi el doble de violaciones sexuales reportadas por día en 2002 (7) en comparación con el Distrito Federal (3.6).
Si bien se ha reconocido que la violencia se ha convertido en un problema de salud pública y constituye una violación a los derechos humanos, aún no se cuenta con cifras específicas que dimensionen la magnitud del problema.
ENCUESTAS Y SUBREGISTROS
El Informe Nacional, elaborado por Nadine Gasman y otras autoras, señala en el capítulo sobre violencia sexual que hay un subregistro de casos, ya que se estima que sólo una de cada diez agresiones sexuales en el país se denuncia, principalmente por desconfianza en las autoridades, miedo al agresor y a las represalias, vergüenza y ausencia de redes de apoyo a las víctimas.
Los únicos datos que se tienen disponibles hasta ahora para dimensionar el problema son: la Encuesta Nacional sobre Violencia Contra las Mujeres (2003); Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2003); Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (2003); Encuesta Nacional de la Juventud (2000) y la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (1999).
Según los resultados de estas encuestas, la mayoría de los actos de violencia sexual en nuestro país ocurren contra las mujeres, niñas, niños y jóvenes, suceden en el hogar y en la escuela. Son perpetrados por familiares o conocidos, en la mayoría de los casos.
Aunque también se dan en lugares como la calle, parques o transporte público.
LAS LEYES, UN PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN
De acuerdo con el informe, la «variedad» de las legislaciones al interior de la República Mexicana imposibilitan e impiden el acceso de las mujeres a la justicia y al ejercicio pleno de sus derechos en las mismas condiciones de igualdad que cualquier ciudadano del país, debido a que existen diferentes definiciones de un mismo delito o variantes en éstas.
Una tabla por entidad federativa, realizada por las autoras de este capítulo, señala como delitos tipificados en las leyes: la violación, violación instrumentada y entre cónyuges; abuso sexual, atentados contra la integridad sexual de las personas, el hostigamiento y acoso sexual.
Según la entidad federativa en la que se cometa el delito, tienen diferentes sanciones y definiciones. De acuerdo con el Informe Nacional la violación está sancionada en todos los estados de la República.
La violación entre cónyuges está tipificada en Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El abuso sexual tiene diferentes denominaciones en algunos estados de la república. Como tal se encuentra en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Aparece como abusos deshonestos en Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo y Sonora.
Como atentados al pudor en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala.
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL
De acuerdo con este informe, la violencia sexual tiene importantes efectos en la salud de las mujeres y adolescentes, quienes presentan desde dolor pélvico crónico, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias, irritación genital, dolor durante el coito e infecciones urinarias.
Además, los embarazos productos de una violación son frecuentes. Algunos estudios en nuestro país han señalado que entre el 7.4 y 26 por ciento de las mujeres que sufren violencia sexual resultan embarazadas producto de la violación.
Por lo anterior, señalan que es imprescindible que las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación tengan acceso fácil y gratuitamente a un aborto legal y seguro.
Se requiere de un profundo análisis de las leyes que orille a cambios en las mismas, que sean redactadas con lenguaje claro, que haga visible la violación a los derechos humanos de las víctimas, así como procesos legales sensibles a las necesidades particulares de las y los menores víctimas de abuso sexual.
Además, se pide la homologación de las leyes en los estados, para que todas las personas puedan acceder al pleno disfrute de sus derechos.
Se sugirió que dentro de la Norma Oficial Mexicana (SSA 2000), que se refiere a los criterios para la atención médica de la violencia familiar, se incluyan aspectos específicos de violencia sexual.
Mejorar los sistemas de recolección y captura de información, desagregarla por sexo, edad y tipo de violencia, que permita tener una lectura más clara del fenómeno, son otras de las recomendaciones del Informe Nacional.
07/LGL/GG
