De 43 millones de abortos que tienen lugar cada año en el mundo, 90 por ciento se practican bajo condiciones inseguras, lo que significa que se llevan a cabo en ambientes que carecen de normas médicas mínimas y ello ocurre sobre todo en países en desarrollo.
Los abortos inseguros en el mundo contribuyen al 14 por ciento de la mortalidad de las mujeres en el orbe; razón por la cual 82 mil mujeres mueren al año por esta causa. Por lo mismo, las mujeres del mundo se ven obligadas a vivir una condición inaceptable al tener que elegir entre proseguir un embarazo no deseado o su supervivencia.
Además, por cada mujer que muere, 30 mil sufren problemas de salud asociados con el embarazo; trascendió en el panel Estrategias para el acceso al aborto, dentro del noveno foro internacional de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, en inglés) que tiene lugar en la ciudad de Guadalajara.
Los derechos relacionados con el aborto siguen siendo uno de los temas feministas que más debates despiertan en el mundo actual; y es que la tercera parte de las mujeres hospitalizadas por complicaciones del aborto son menores de 20 años, fenómeno al que están recurriendo cada vez más adolescentes. Se estima que cada quince minutos 600 mujeres en el mundo se exponen a abortos inseguros.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se llevó a cabo en 1994 en El Cairo, Egipto, el aborto se concibió en el mundo como problema de salud pública; en tanto que en el 72 por ciento de los países del orbe el aborto se acepta en circunstancias en las que no contravenga la ley: cuando el embarazo sea producto de una violación o por proteger la salud de la madre.
Sin embargo, en los países donde el aborto es legal se recomienda que se equipen los centros de atención y se capacita al personal médico.
Esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud anunció que emitirá en breve un lineamiento de política y salud en los países donde el aborto es permitido, a fin de garantizar la calidad en los servicios que sobre el particular se prestan; lo que analizarán activistas pro-choice, o libre opción, el próximo año en Etiopía.
En tanto en México se estima que ocurren de 500 mil a un millón de abortos clandestinos al año, aunque se desconoce la cifra de muertes que este hecho provoca lo mismo que las complicaciones que genera.
Ana Cortes, activista de la iniciativa de Johannesburgo en México y participante del panel Estrategias para el acceso al aborto, señaló en entrevista que en este país la situación del aborto ocupa una posición difícil ya que cada vez hay menos fondos internacionales para apoyar la libre opción.
Al contrario que los grupos anti choice o contra la liberalización del aborto, que están logrando obtener fondos del gobierno para su movimiento; al tiempo que tanto el gobierno como los empresarios y los medios de comunicación les otorgan cada vez más espacio.
«Incluso a algunas instituciones gubernamentales que se han abierto a la perspectiva de género y han incorporado el tema de los derechos reproductivos y sexuales, cada vez están siendo más coptadas por organizaciones anti-choice ya que éstas tienen más medios y recursos para hacer propaganda.»
«Además», continúa, «la fuerza con la que el poder de la iglesia se ha respaldado ha sido impresionante. Yo creo que este es un momento muy difícil para las organizaciones, por lo que necesitamos estar articuladas y preparadas para que no nos ganen la batalla», explicó.
Particularmente señaló que en el gobierno Foxista es clara la posición ultraconservadora respecto al aborto, ya que, por debajo de ella hay una política organizada de la que apenas se empieza a ver qué tan profundo pueden llegar.
Indicó que en México lo que se requiere más que liberalizar el aborto es encontrar la manera de frenar a la derecha.
Ante el panorama expuesto, las panelistas coincidieron en señalar que si bien el aborto es un problema de salud pública, los servicios de salud que se les prestan a las mujeres que llegan a presentar complicaciones deben ser adecuados, pues ellas tienen derecho a ser bien atendidas y no juzgadas por los médicos que terminan maltratándolas emocionalmente; además de que les deben garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y asesoría adecuada.
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