En Nicaragua, país centroamericano donde en 2010, la Red de Mujeres contra la Violencia (RMV) contabilizó 38 mujeres asesinadas a nivel nacional, uno de los principales obstáculos para las habitantes de la zona norte, que han vivido violencia, es la revictimización y la retardación de justicia.
Esta es una de las conclusiones del estudio «Recursos y Obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en cinco municipios del departamento de Matagalpa», realizado por el grupo Venancia, organización feminista que forma parte de la RMV, instancia que impulsa este año la Campaña regional por el Acceso a la Justicia para las mujeres en Centroamérica y México.
La falta de sensibilización de los funcionarios y la no aplicación del protocolo, son algunas de las causas directas de esta revictimización, dice el texto producto de una investigación en: Ciudad Darío, Waslala, Río Blanco, Muy Muy y La Dalia.
Las bajas expectativas que durante las entrevistas señalaron las mujeres en el acceso a la justicia –sobre todo en aquellos derechos que se refieren a que el Estado garantice su integridad– están relacionadas con su nivel de conciencia acerca de sus derechos.
Este es uno de los motivos por el que el acceso a la justicia, no siempre pasa por la Ruta Crítica institucional, «prueba de ello, es la cantidad de arreglos, separaciones y otras alternativas que buscan las mujeres y sus familias», señala el estudio.
Existe, además, una clara diferencia entre los sentimientos de las mujeres y sus expectativas de justicia, de acuerdo al delito o falta que las introdujo en la ruta.
«Notamos que en la violencia de pareja, muchas de ellas acuden a la justicia, como un recurso para superar la situación de violencia, no necesariamente para el encarcelamiento de su agresor, y en muchos casos optan por separarse.
«En cambio, en las violaciones se percibe un sentimiento de indignación por la injusticia, y al no encontrar una solución por la vía institucional, la impotencia las lleva a imaginar soluciones en las que ellas tendrían que hacer justicia con sus propias manos», se afirma.
En el estudio, se indica que de 93 denuncias interpuestas en 2009, sólo el 14 por ciento de los casos fueron ganados, 13 por ciento abandonados por las denunciantes, y 25 por ciento abandonados por el Estado, entre otras cifras de arreglos extrajudiciales, prófugos y casos en proceso.
UN MITO: QUE LAS MUJERES ABANDONAN SUS CAUSAS
El hecho de que sea el Estado quien abandona más casos, en proporción con las víctimas, desmitifica la creencia de que son las mujeres, quienes perdonan, y abandonan sus causas.
«La impunidad desmotiva la denuncia, la falta de acceso a la justicia, genera miedo en las mujeres y sensación de impotencia porque temen, que a pesar de la denuncia, y del trabajo investigativo, el agresor puede salir libre, lo que en muchos casos colocaría a la mujer en mayor riesgo», explica.
La situación prácticamente se invierte en los delitos tipificados de abuso sexual, ya que en 19 casos sólo el 11 por ciento fueron ganados, 32 por ciento lo abandonaron las mujeres y el 21 por ciento fue abandonado por el Estado, esto entre porcentajes menores de mediaciones, en casos aún en proceso, prófugos y arreglos extrajudiciales.
LOS GASTOS
En los cinco municipios donde se realizó la investigación, se encontró que la capacidad para enfrentar la problemática de violencia está relacionada con los recursos humanos y materiales con los que se cuenta.
Hasta ahora, en el sistema de justicia de Nicaragua las mujeres violentadas asumen todos los gastos en su búsqueda de acceso a la justicia.
Esto es una discriminación, se afirma en el estudio, «pues son las mujeres más pobres quienes abandonarán, probablemente, sus causas por las dificultades económicas, todo esto agravado por la frecuente reprogramación de juicios y audiencias, sin previo aviso».
Se llama la atención al respecto, ya que aún cuando las organizaciones de mujeres, y otros actores de la sociedad civil, contribuyen de manera significativa en el enfrentamiento de la situación de violencia que viven muchas mujeres – esto es trabajo que requiere de acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil.
Un obstáculo, que se mencionó en el estudio, es que a pesar de que la ley contempla las lesiones psíquicas como parte de los delitos, en la práctica no tiene la misma relevancia que las lesiones físicas, esto se ve cuando no se reconoce la importancia de los dictámenes psicológicos, como prueba en los procesos penales.
Por ello, en una de las conclusiones de la investigación se propone que «el Estado Nicaragüense debe ser garante de los derechos y proveer las condiciones para que los procesos sean realmente gratuitos, expeditos y accesibles». Lo cual significa una mayor presencia de las delegaciones institucionales en todos los municipios, y con personal capacitado.
ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO
En comparación con otros estudios en Nicaragua, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, en este trabajo se confirma «la importancia de que la mujer cuente con un acompañamiento solidario informado, y con un seguimiento de su situación hasta dónde ella quiera, o pueda llegar».
Ante las faltas del Estado para salir de las situaciones de violencia que viven las mujeres, el apoyo que brindan los grupos, las promotoras, y el grado de concientización de las mujeres, son fundamentales.
Entre los recursos para el acceso a la justicia, que ellas reconocen están: la presencia de promotoras en su zona, el apoyo económico para transporte, hospedaje, alimentación durante el proceso y el apoyo de la familia y personas allegadas.
De ahí la importancia del apoyo que brindan los grupos, las promotoras, y el grado de concientización de la mujer, que son claves en la salida de las situaciones de violencia que viven.
«La receptividad y apertura de las promotoras defensoras de los derechos humanos de las mujeres, y el acompañamiento solidario es lo que las motiva en gran parte a continuar con el proceso ya que las mujeres violentadas encuentran en ellas aceptación en su búsqueda de libertad y autonomía», se expone.
Contar con redes sociales, sean estas familiares, comunitarias o de organizaciones de mujeres, es un importante recurso para salir de la violencia que viven y cuando ellas no se presentan acompañadas en una institución, no siempre se les toma la denuncia, ni se da inicio al proceso.
Al respecto expone, «una red social, idealmente, funciona como apoyo, información, orientación y acompañamiento; en la situación actual además se necesita como fuente de recursos y medio de presión para poder acceder a la justicia debido a que la norma no es aplicada a todas las personas que acuden en la ruta crítica, porque aún no se reconoce a las mujeres como sujetas de derecho».
Una de las causas de esto es que, «en el imaginario cultural de nuestra sociedad persiste la idea de que las mujeres, por el bien de la familia, deben hacer cualquier sacrificio, no demandar sus derechos y priorizar a los demás. Cuando alguna pone un límite a su situación de violencia, en muchas ocasiones provoca el rechazo de la sociedad, incluidas las y los funcionarios que tienen como mandato la protección de los derechos ciudadanos».
Otra de las causas, por las cuales las mujeres no denuncian, es la falta de buenas perspectivas de salir de su situación.
«No encuentran una escucha respetuosa, y de aceptación de su derecho a decidir sobre su vida. Esta necesidad es satisfecha con el acompañamiento de las promotoras, quienes además les ofrecen información y apoyo, sin culparlas de la situación que enfrentan».
10/CV/LR/LGL
