A partir del primero de julio de este año los de delitos de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por el primer tribunal internacional llamada Corte Penal Internacional (CPI), signado por diferentes países pero aún no ratificado en México lo que lo deja fuera de la lucha contra la impunidad.
Desde 1998 la Coalición Mexicana por la Corte Internacional –integrada por académicos, defensores de derechos humanos y profesionistas interesados en el tema– es la única ONG que participa como observadora en las reuniones preparatorias que convoca la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Paulina Vega González, secretaria técnica de la Coalición, expresó que esta organización ha luchado porque México firme el estatuto, ya que «es un instrumento de carácter preventivo que contempla delitos no penados contra las mujeres, como la prostitución forzada, las violaciones tumultuarias o los embarazos por violación», explicó.
Aunque el tema no forma parte de la agenda legislativa en este periodo de sesiones, Vega González confió que el Ejecutivo enviará al senado el estatuto de la Corte y su propuesta de modificación al artículo 21 constitucional con el fin de que se analice y apruebe, pues, dijo, «la Constitución no se contrapone ni limita garantías».
Otro camino, expresó, es que el senado y la Coalición formulen una propuesta que pueda ser aprobada y presentada en septiembre próximo ante la ONU para su ratificación; de esta manera México podría reconocer su jurisdicción.
La Corte Penal Internacional nació el 17 de julio de 1998 en Roma, Italia cuando la comunidad internacional elaboró un tratado sobre la lucha contra los crímenes que vulneran los derechos humanos.
En ese entonces ciento veinte estados votaron por la adopción del Estatuto de Roma, que a su vez creó la Corte Penal Internacional como un tribunal permanente con jurisdicción sobre estos delitos; no así Estados Unidos quien no acepta la existencia de la Corte y nunca se ha presentado a ninguna reunión preparatoria de la ONU.
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