El Tribunal Superior Constitucional (TSC) de República Dominicana podría echar para atrás los avances logrados en el país caribeño en materia de aborto legal en caso de violación sexual o incesto, malformaciones incompatibles con la vida, o riesgo de muerte para la mujer.
Lo anterior porque el máximo órgano de justicia dominicano está próximo a resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por grupos conservadores y religiosos en contra de los artículos del Código Penal modificados en diciembre pasado, para permitir a las mujeres interrumpir su embarazo bajo tres causales.
Este lunes 20 de abril, el TSC celebró la primera audiencia en la que conoció las tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por las fundaciones Justicia y Transparencia, Transparencia y Democracia y Matrimonio Feliz, con las que se impugnan los artículos 107, 108, 109 y 110 del nuevo Código Penal (que definen las causales por las que las dominicanas pueden acceder al aborto).
En diciembre de 2014, luego de 15 años de exigencia ciudadana, el presidente Danilo Medina promulgó la reforma del Código Penal (Ley 550-14) que permite el aborto cuando corre peligro la vida de la mujer, en caso de violación sexual e incesto, y cuando hay malformaciones del feto incompatibles con la vida clínicamente comprobable.
De acuerdo con el movimiento feminista nacional e internacional, la reforma penal representó un gran avance para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en Dominicana, uno de los países más restrictivos en materia de aborto a nivel mundial.
La acción presidencial generó una profunda molestia en grupos religiosos y conservadores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad ante el TSC, al mismo tiempo que convocaron a “oraciones comunitarias” en rechazo a las reformas.
El tribunal declaró en “estado de fallo” los tres recursos (es decir que los admitió para su discusión), lo cual abre el proceso a la fase de deliberación.
En este contexto, el Centro de Derechos Reproductivos, La Colectiva Mujer y Salud y otras organizaciones civiles presentaron argumentos a favor del aborto legal, a fin de que sean considerados por el TSC.
En sus argumentos recordaron que el aborto inseguro es un problema de salud pública, y que Dominicana es actualmente uno de los seis países en América Latina (AL) que prohíben de manera absoluta el aborto, lo que ha llevado a que más de 90 mil mujeres arriesguen sus vidas cada año.
Los otros cinco países son Chile, El Salvador, Surinam, Honduras y Nicaragua.
En el actual periodo legislativo (que inició el pasado 27 de febrero), la Cámara de Diputados debe redactar el proyecto de ley que regulará el aborto en los casos de violación, incesto y cuando hay malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, y que harían aplicables las reformas al Código Penal.
El Reglamento del Tribunal establece que una vez iniciada la deliberación de las acciones de inconstitucionalidad se debe dictar sentencia en un plazo máximo de cuatro meses.
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