En México, existe una controversia acerca de las ventajas y desventajas de la colaboración entre el gobierno y las Organizaciones no gubernamentales (ONG) en materia de salud, así lo señala la investigadora Jesica Gómez-Jáuregui en el libro Temas de Salud Reproductiva.
En la publicación, editada este año por Reproductive Health Matters y distribuida en español por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Gómez-Jáuregui destacó que el principal conflicto de estas alianzas es cómo tener éxito en mejorar la salud de las y los más pobres de los países en vías de desarrollo.
Y de esta manera, garantizar la rendición de cuentas «sin sacrificar influencia, innovación, espíritu voluntario y capacidad organizacional».
El segundo problema es consecuencia del primero, dijo, pues a pesar de que funcionarios del sector salud plantean el mejoramiento de la salud reproductiva como «un tema de alta prioridad, México todavía tiene los peores indicadores de cáncer cervical y mortalidad materna», dice.
Por ello, es que la cooperación entre el gobierno y las ONG en la atención de salud reproductiva podría dar solución a determinados problemas, «generando un uso más eficiente de recursos y utilizando la experiencia de las ONG en el campo».
De acuerdo con Gómez actualmente existen mil 51 asociaciones civiles registradas en el Centro Mexicano para la Filantropía y que llevan a cabo actividades relacionadas con la salud.
Subrayó que la quinta parte de estas asociaciones realiza actividades que tienen que ver con la salud reproductiva como educación sexual, salud preventiva, atención prenatal, apoyo a víctimas de violencia doméstica y sexual, trabajo en VIH/Sida y abogacía de los derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, estas ONG enfrentan un grave problema: la falta de recursos mientras que otras trabajan con poblaciones que no tienen acceso a los servicios públicos o en actividades que el gobierno maneja de manera ineficiente, asevera.
No obstante, revela que durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) las ONG fueron invitadas a participar en las comisiones encargadas de diseñar las políticas públicas de salud específicas.
Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 «propone acciones y programas que disminuirán la presencia del Estado en áreas en las que las ONG pueden hacer una contribución significativa», esto con el fin de «promover la riqueza social de México y la política de desarrollo social y humana», dice Gómez-Jáuregui
Y señala que la percepción actual de los funcionarios gubernamentales es que las ONG deben jugar un rol importante en el monitoreo del programa nacional de salud reproductiva.
Destaca así, que el interés en la cooperación y financiamiento de las ONG a nivel nacional esta centrada en la investigación y valoración del ejercicio de la atención de salud en el sector público para planear futuras estrategias.
Por lo que «se dice que existen negociaciones en el Congreso para crear un rubro presupuestario para la investigación en salud reproductiva; sin embargo, no se considera posible dar fondos para la entrega de servicios debido a la limitación de recursos», asegura.
«A nivel local, ahora existe menos interés en el trabajo de las ONG, a pesar de que algunas trabajan en salud reproductiva, ya que no todos los funcionarios de alto nivel conocen o están interesados en sus actividades».
Gómez-Jauregui detalló que en México las ONG de mujeres interesadas en relacionarse con el gobierno lo hacen a través de amigos que son empleados públicos o políticos, especialmente otras mujeres.
«En pocas ocasiones la relación se desarrolla debido a un interés del político en la teoría feminista o por una simpatía por el trabajo de la ONG».
Destacó que es preciso modificar el marco legal que regula el reconocimiento de las ONG y particularmente, las alianzas con el gobierno toda vez que se contribuya a una mayor confianza.
«Será necesaria una distribución más equitativa del poder antes de que se pueda satisfacer el verdadero significado de alianza», finalizó.
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