En la séptima edición de la Feria de la Mujer, más de 60 organizaciones de la sociedad civil demandaron al gobierno de Vicente Fox atraer el caso de las muertas de Ciudad Juárez al ámbito federal, al coincidir en que no existe voluntad política para resolver estos crímenes que iniciaron en 1993.
La titular del Instituto de la Mujer en el Distrito Federal (Inmujer), Isabel Molina, sostuvo que ningún argumento es válido para que la Procuraduría General de la República (PGR) no intervenga en este «horrible caso».
En conferencia de prensa, en el zócalo capitalino, Molina aseguró que las mujeres mexicanas están viviendo en la Edad Media en materia de derechos humanos, tras considerar que la perspectiva de género debe impactar a todos el sistema de impartición de justicia.
Luego hizo notar que existen otros sectores donde las mujeres están siendo víctimas como en el sistema penitenciario, donde tan sólo el año pasado se logró liberar a 180 mujeres, quienes permanecían en reclusión porque estaban abandonadas en las cárceles sin defensoría que hiciera efectivo su derecho a la libertad.
Cabe señalar que en el Distrito Federal existen mil mujeres en los centros de readaptación social. La funcionaria capitalina responsabilizó al Partido Acción Nacional (PAN) de detener algunos avances de las mujeres, dado su carácter conservador.
Indicó que en materia de derechos reproductivos de las mujeres no existen coincidencias entre los gobiernos federal y capitalino, ya que por ejemplo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la fracción panista prepara una iniciativa para echar atrás la denominada «Ley Robles», recientemente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, expuso que el aborto en el Distrito Federal es un problema de salud pública. De acuerdo con estudios en la materia, el 25 por ciento de las camas de los hospitales ginecológicos de la ciudad, están ocupadas por mujeres que presentan complicaciones por la práctica de abortos clandestinos.
Además de cada cinco mujeres tres han abortado alguna vez durante su vida, lo que habla de la magnitud de este problema que al ser punible provoca que crezca su práctica de manera clandestina poniendo en riesgo la salud de las mujeres.
Informó que están trabajando con los agentes del Ministerio Público para que realmente se aplique la Ley Robles y se actué de manera expedita en el caso de que el aborto sea legal.
Por su parte, Claudia Cruz vocera de la Red por la Salud de las Mujeres, dijo que junto con la Secretaría de Salud (Ssa) se busca que las mujeres que han sido violadas tengan acceso a las pastillas de anticoncepción de emergencia, que impiden el embarazo en un término de 72 horas después del coito.
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