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Debe el gobierno mexicano reconocer su responsabilidad en caso de menor violada

Por Silvia Magally

El gobierno de México tiene un compromiso internacional con los derechos humanos, aun en los casos de contradecir a la moral católica, por lo que debe reconocer su responsabilidad con relación a las violaciones de los derechos de Paulina, la menor indígena a quien autoridades negaron el recurso del aborto por violación.

En conferencia de prensa, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Regina Tamés, del Centro Legal para Derechos Reproductivos (CRLP), con sede en Washington, informó que hoy solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepte indagar el caso, el cual podría convertirse en el primero que investigue por violación de derechos reproductivos en México.

La experta en derecho internacional confió en que la Comisión lo acepte, aunque adelantó que podrían pasar algunos meses para conocer la decisión de esa instancia internacional.

Tamés, quien elaboró la solicitud, dijo que la intención de llevar el caso al ámbito internacional, es para obligar al gobierno a establecer una reglamentación que permita ejercer el derecho legal a un aborto, ya que su inexistencia permite que las autoridades actúen de acuerdo con sus creencias personales.

Dijo que el caso Paulina es ejemplo de las miles de niñas y mujeres que se ven obligadas a ser madres como consecuencia de una violación sexual, obstaculizando un derecho legítimo y sin que hasta ahora exista un recurso eficaz para que una mujer pueda exigir a las autoridades la garantía de un aborto legal.

Detalló que existe un término de 90 días para efectuarse la interrupción del embarazo, por lo que es esencial la actuación expedita de los funcionarios, a fin de autorizar el aborto y determinar el lugar en donde se realizará el procedimiento.

En este sentido, hizo ver que no sería necesario recurrir a la interrupción del embarazo si las mujeres violadas recibieran anticoncepción de emergencia que en un término de 72 horas impide el embarazo, por lo que recomendó a las autoridades recurrir a esta técnica que es avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, Isabel Vericat, del Grupo Epikeia, informó además que pedirán indemnización por los daños causados a la menor durante este proceso en el ámbito internacional, el cual no intercede con el penal ya en curso.

Vericat responsabilizó a la intolerancia religiosa de lo ocurrido con Paulina, a quien las autoridades de Acción Nacional impidieron ejercer su derecho, no obstante consideró que no sólo militantes del PAN violan los derechos de las mujeres, «esto es consecuencia de la cultura imperante en el país», enfatizó.

       
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