«Es prioritario y fundamental que las entidades federativas homologuen y armonicen sus códigos punitivos, incluyendo los conceptos y tipos penales que contribuyan al libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes», señaló la diputada Angélica de la Peña Gómez.
La también presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias explicó que en abril de este año se reformó el Título Octavo del Código Penal Federal para tipificar los delitos de pornografía, turismo sexual y trata de personas menores de 18 años, considerándolos como graves.
En la Declaración de Cancún, surgida de los trabajos de la Conferencia Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, llevada a cabo en pasados días, las y los legisladores de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Equidad y Género, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias exhortaron a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que reformen, a la brevedad posible, los códigos penales de sus respectivas zonas de incidencia para hacer frente a la problemática de la explotación sexual de que son sujetos los menores de edad en México.
Por su parte, la diputada Rebeca Godínez y Bravo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mencionó que en nuestro país es alarmante el creciente número de personas que son objeto de abusos sexuales y de diversas formas de explotación sexual infantil.
La Declaración de Cancún establece que México ha aprobado diversos instrumentos internacionales, como el protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, así como el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Prohibiciones a las Peores Formas de Trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación
El acto contó con la participación de diputados y diputadas locales, funcionarios del estado de Quintana Roo, representantes de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal Preventiva, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la organización Save de Children, entre otros.
05/GT/YT
