Inicio » Deben otorgarse permisos para radios comunitarias: CIDH

Para la Relatoría Especial, cuando las radios comunitarias actúan dentro del marco legal se convierten en medios que permiten que el sector más pobre de la población tenga mayores oportunidades de acceso y participación a éstas.

Sin embargo, explica el documento, la falta de legislación ha ocasionado la existencia en la región de radios que se encuentran al margen de la legalidad y que tiene como consecuencias interferencias en el espectro, inseguridad jurídica y acciones represivas violentas, entre otros.

Por lo que uno de los principales factores que afecta la libertad de expresión es la carencia de una legislación apropiada acerca de la radiodifusión comunitaria.

Por ello la CIDH recomienda a los Estados miembros de la OEA legislar en materia de radiodifusión comunitaria en el sentido de otorgar parte del espectro a radios comunitarias, y que la asignación de las frecuencias se basen en criterios democráticos con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para las y los individuos en la incorporación a las mismas, conforme al Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

Sobre las reformas aprobadas en nuestro país en abril del 2006, la CIDH señala que al aplicarlas las concesiones de radio y televisión se darán bajo un proceso de licitación pública basado exclusivamente en un criterio económico y las nuevas concesiones tendrán un límite de 20 años sin incluir la cantidad límite de medios de comunicación que pueden ser propiedad de un único dueño.

De acuerdo con el documento y a decir de la relatoría especial, la monopolización de la propiedad y control de los medios de comunicación por parte del Estado, individuos o empresas, afectan el pluralismo, componente fundamental de la libertad de expresión.

Lo anterior provoca que “las personas reciban en la práctica una sola perspectiva de los asuntos que les conciernen, y eso no contribuye a la efectiva vigencia de la libertad de expresión y de la democracia, que implica pluralismo y diversidad”.

Además, la CIDH puso énfasis en los ataques contra las radios comunitarias como parte de las crecientes agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

“En este sentido, la Relatoría Especial considera como un avance la creación en México de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República en febrero del año 2006”.

No obstante, según el artículo cuarto del Acuerdo A/031/06 en el que fue creado esta Fiscalía, los delitos que fueran cometidos por el crimen organizado deben ser investigados y perseguidos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, lo que podría dejar a la mayoría o todos los asesinatos de periodistas fuera de la competencia de la nueva Fiscalía Especial, según el comunicado.

07/GG/CV

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