El gobierno mexicano deberá informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las pesquisas de los asesinatos de 290 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, toda vez que el gobierno del estado reconoció el uso de lo tortura como parte de una estrategia para desviar la averiguación y fabricar culpables.
Integrantes de la campaña «¡Alto a la impunidad: ni una muerta más!», calificaron de alarmante el que la fiscal especial para la Investigación de los Homicidios de Mujeres, Ángela Talavera Lozoya, siga validando declaraciones incriminatorias obtenidas a través de la tortura, después de que la relatora para los Derechos de la Mujer de la CIDH, Marta Altolaguirre, reconociera el uso de este práctica en contra presuntos culpables de asesinatos.
En conferencia de prensa, señalaron el caso de Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, alias «La Foca y «El Cerillo», acusados del homicidio y violación de ocho mujeres encontradas el 7 de noviembre de 2001 en un lote en construcción, y cuya culpabilidad queda en duda luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que los resultados de las pruebas de ADN practicadas a los últimos ocho cuerpos «no son concluyentes» y no coinciden con la identificación que dicha instancia realizó.
Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), denunció que la tortura en la fabricación de culpables y la falta de seriedad con la que las autoridades realizaron las pruebas de ADN, son una evidencia más de que los gobiernos federal y local minimizan y disfrazan los asesinatos, al tiempo que solapan la corrupción de las autoridades.
Por ello, advirtió Carmona, esperamos que el informe que el gobierno mexicano presentará ante la CIDH contenga información específica sobre estos puntos, ya que de no ser así seguiremos insistiendo para que la CIDH exija al gobierno federal un informe detallado sobre la investigación de los asesinatos.
Adicionalmente, señaló, el gobierno deberá notificar sobre la situación en la que se encuentran los trámites de solicitud para que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) coadyuve en la investigación de los homicidios.
De igual forma, instó a la cancillería, a que informe sobre la situación de las recomendaciones que en el ámbito nacional e internacional se emitieron. Específicamente las del relator sobre Independencia de Jueces y Abogados, la del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1998.
Por su parte, María Elisa Villaescusa, coordinadora de Mujeres Trabajadoras Unidas (Mutuac-MAS), informó que el próximo 22 de noviembre se realizará en Ciudad Juárez, un foro en el que participarán la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y diversos sindicatos de Canadá y Estados Unidos, con el objetivo de identificar las acciones que se han llevado a cabo para brindar seguridad a las trabajadoras de la maquila, ya que de las 290 mujeres asesinadas desde 1993 a la fecha, 37 por ciento eran obreras de ese sector.
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