El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, advirtió hoy que el presidente del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, tiene un plazo de 45 días hábiles para pagar la multa de 13 millones 237 mil 377 pesos por los malos manejos de recursos públicos.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la SFP turnará a la administración fiscal la sanción económica impuesta a Serrano Limón y, en caso, de que ésta no sea impugnada, los créditos fiscales serán ejecutables de inmediato.
Luego de que la SFP informara en un comunicado que Serrano Limón quedaría inhabilitado para participar en órganos desconcentrados, programas de gobierno o como servidor público durante 15 años, además de la sanción económica ya mencionada, dijo que la SFP no tiene facultades para castigar a Provida.
Al respecto, apuntó que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sanciona a individuos, no a personas morales; y por lo tanto no pueden castigar a la organización que encabeza Serrano Limón.
No obstante, señaló que, según tiene entendido, dicha asociación no recibe recursos federales desde el año pasado, cuando se iniciaron las investigaciones por presunto mal manejo de recursos públicos.
Sobre la responsabilidad del entonces diputado Luis Pazos, señaló que la SFP tampoco tiene atribuciones legales para fiscalizar ni juzgar su actuación como diputado federal.
Dijo que en el caso Provida, el destino de los fondos comprobado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sustentan la recomendación de la SFP para que otras instituciones se abstengan de realizar apoyos federales a esta organización.
Sobre una posible denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), Romero Ramos negó que la dependencia a su cargo vaya a emprender esta acción, no obstante apuntó que presentaron el expediente del caso ante dicha instancia para soportar los elementos que pudiera solicitar para iniciar una averiguación previa.
El secretario explicó que la SFP habría retomado el caso de Provida, por la manera extraordinaria en que se le asignaron recursos, antes de que las organizaciones no gubernamentales presentaran los resultados de auditoría que realizaron ante los medios de comunicación; pero no lo hicieron público porque la ley obliga a que las investigaciones se mantengan en reserva, pero no encubiertas.
Asimismo, dijo que la SFP investiga a otros receptores de recursos federales por parte de la beneficencia pública, tal es el caso de Trasforma México.
Hoy por la mañana, la SFP dio a conocer la inhabilitación por 15 años del presidente del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, tras encontrar suficientes elementos que comprueban el manejo irregular de los recursos del erario.
Esta es la primera vez que se aplica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a personas que no son servidores públicos.
2005/MP/SJ
