El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Pihilip Alston, dijo aquí que la impunidad y el débil marco legal que existe en Guatemala propicia que sea un país en el que se pueden cometer asesinatos y salir libre.
Ésta fue una de las conclusiones a las que llegó el especialista después de reunirse durante la semana con representantes de distintos sectores para evaluar la situación del país, difundió ADITAL, agencia de información Fray Tito para América Latina.
De acuerdo con informaciones del Centro de Estudios de Guatemala el relator comentó que aunque el Estado no es responsable de las 5 mil ejecuciones que se registran cada año, sí lo es por no investigar, perseguir y enjuiciar a los culpables.
De esos asesinatos, sólo el 5 por ciento de los perpetradores llega a ser condenado y la cifra anual de ejecuciones sobrepasa en promedio a las muertes violentas durante los 36 años de guerra civil que vivió Guatemala, entre ellas, el asesinato de mujeres, que se ha incrementado en los últimos años.
Hay denuncias de limpieza social que deben ser investigadas, en relación con los cuerpos de posibles pandilleros, asesinados en los últimos meses, que tenían muestras de tortura.
Todo esto agravado por la falta de acción de la sociedad civil, la indiferencia de la comunidad internacional, la renuencia a pagar impuestos por parte de empresarios y los retrasos en la agenda legislativa para la aprobación de leyes de seguridad.
Guatemala se encuentra en una encrucijada, en la que una vía es caer en las prácticas de hace dos décadas, de mano dura, y la otra es la reforma de las instituciones dedicadas a velar por la seguridad.
El representante de Naciones Unidas presentará su informe final en dos meses ante la ONU, pero entregará un borrador previo al gobierno en dos semanas.
PANDILLEROS EJECUTADOS EN FORMA EXTRAJUDICIAL
Alston se reunió con 30 representantes de organizaciones sociales, que le entregaron un informe sobre casos de asesinatos considerados como ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cometidas por la policía, el ejército y grupos paralelos. El informe se refiere a diversos sectores que han sido víctimas de este tipo de violencia: campesinos, mujeres, niños de la calle, reos, pandilleros y defensores de derechos humanos.
En el documento se afirma que este año en el país se han cometido 408 ejecuciones extrajudiciales: 347 contra hombres, 51 contra mujeres y 10 contra niños. Igualmente han ocurrido 17 asesinatos de defensores de derechos humanos en los dos últimos años. Pero los casos más numerosos registrados por las organizaciones son de pandilleros ejecutados en forma extrajudicial. En el informe se exponen seis asesinatos en que los testigos identifican a policías como victimarios.
Respecto a los Acuerdos de Paz, el experto aconsejó el desarrollo de un sistema de justicia que garantice el imperio de la ley. Asimismo, consideró trágico que en la actualidad casi todos los componentes de ese sistema carezcan de fondos, sean disfuncionales o ambas cosas.
Alston sostuvo que el Congreso guatemalteco tiene la responsabilidad principal de remediar este problema, pero aclaró que también la tienen la sociedad civil y el sector privado.
06/LR/CV
