Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que participan en la Campaña Contra la Explotación Sexual Infantil: Simplemente no lo Aceptamos, entregaron ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más de 7 mil firmas de ciudadanos en contra del pronunciamiento de los seis ministros que exoneraron al gobernador de Puebla, Mario Marín, para transgredir los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
En comunicado de prensa, las OSC informaron que en el caso de Cacho Ribeiro, la SCJN eliminó primeramente el informe sobre pederastia y explotación sexual infantil con fines comerciales, por considerar que «no tenía nada que ver con el asunto», siendo que fue la razón por la que se infringieron las garantías individuales de la periodista.
En un mitin realizado en el acceso a la SCJN antes de la entrega de las 7 mil firmas de ciudadanos, Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red de Derechos de la Infancia, dio lectura a un comunicado en el que señaló que la actuación de la SCJN frente a las violaciones a las garantías de Lydia Cacho por parte del gobernador de Puebla Mario Marín: «Contribuyen de forma contundente a la normalización de la explotación sexual de la infancia en México».
En este sentido, a nombre de las organizaciones que forman parte de la Campaña Simplemente no lo Aceptamos, Sauri sentenció que con el fallo de la Corte se «normaliza la idea de que la Convención por los Derechos del Niño es letra muerta para la aplicación de la justicia en nuestro país».
El carpetazo de la SCJN al caso de explotación sexual infantil con fines comerciales denunciado por Lydia Cacho dota de impunidad a las redes de pederastas que operan en nuestro país, con lo cual las víctimas de las mafias de la pornografía infantil quedan desprotegidas y la infancia mexicana está a merced de estos delincuentes.
Por ello, las y los integrantes de dicha campaña demandaron la renuncia de Sergio Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls Hernández, ministras y ministros que dieron el «espaldarazo a la impunidad» con su pronunciamiento del pasado 29 de noviembre.
Y quienes al siguiente día, en voz de la ministra Margarita Luna Ramos, se justificaron señalando que lo único que resolvió la SCJN fue que «no quedó demostrado el concierto entre autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista».
Pasaron por alto lo establecido por el ministro Juan Silva Meza, quien señaló que sí hubo «concierto de autoridades» para transgredir los derechos humanos de la autora del libro Los demonios del Edén, que destapó la red de pederastia encabezada por Jean Surcar Kuri en Cancún, Quintana Roo.
De la misma manera Gerardo Sauri enfatizó que el dictamen de la Suprema Corte «normaliza la práctica de proteger con argumentos autómatas a quienes detentan el poder político, fomentando la impunidad, y normaliza la práctica de que no importan los derechos de las y los niños, no importan las aberraciones a que hayan sido sometidos».
Normaliza la práctica de que no importa la aplicación de la justicia en nuestro país. Normaliza la idea de que las defensoras y defensores de niñas y niños deben quedarse callados para que la ley que supuestamente los defiende no se les revierta.
«Simplemente no aceptamos que los derechos de la infancia y de las defensoras y defensores sean secundarios para los ministros de la SCJN. Simplemente no aceptamos que no se impongan límites al poder y por tanto se imponga la ley del más fuerte en México. Es una vergüenza la resolución de la SCJN», finalizó Gerardo Sauri
Finalmente en nombre de las y los integrantes de la Campaña, Raquel Pastor, directora de Infancia Común, ingresó a la Oficialía de Partes de la sede de la SCJN, donde entregó la lista de 7 mil 370 firmas recolectadas en contra del fallo de los ministros, firmas que fueron contabilizadas una a una por los empleados de la Corte.
07/GT/GG
