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Declara Segob AVG en 11 municipios mexiquenses

Por Anaiz Zamora Márquez
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La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró hoy formalmente la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios mexiquenses de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlan y Valle de Chalco.
 
Como se tenía previsto desde este martes 28 de julio –cuando el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres avaló por votación unánime la procedencia de la AVG en 11 municipios del Estado de México–, la Segob formalizó hoy la declaratoria de Alerta de Género.
 
De acuerdo con el resolutivo emitido, el Gobierno del Estado de México (GEM) deberá “adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia” que se ordenaron, así como todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas mexiquenses el derecho a vivir una vida libre de violencia.
 
Como parte de las medidas de seguridad, se solicita publicar en lugares estratégicos para su divulgación la naturaleza y los alcances de la AVG.
 
También se encuentra la de diseñar y ejecutar una estrategia para la recuperación de espacios públicos, a través de reforzar los patrullajes preventivos, instalar alumbrado público y mejorar el existente, y colocar cámaras de video y postes de emergencia en las calles de estos municipios, así como incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público.
 
Asimismo, se deben elaborar Protocolos de Actuación y Reacción Policial en materia de Violencia de Género y Personas Desaparecidas, para definir las acciones urgentes a implementar durante las primeras 48 horas a partir de que se tenga conocimiento de una desaparición.
 
Como parte de las medidas de prevención, se debe elaborar una “Guía de Ejecución” para las y los servidores públicos del Edomex, y crear Unidades de Género que de manera coordinada operen en todas las instituciones del gobierno local.
 
Así como también integrar y actualizar adecuadamente el Banco de Datos del Estado de México sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que hasta el momento no muestra cifras reales de los casos de violencia que enfrentan las mexiquenses.
 
El GEM está obligado a establecer un Programa Único de Capacitación, Sensibilización, Formación y Profesionalización en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres para las y los servidores públicos que deberá ser permanente, continuo, obligatorio y focalizado en quienes prestan servicios de salud y atención a víctimas, así como a quienes procuran y administran justicia.
 
Las medidas de justicia mandatan a la administración local a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género. El cumplimiento de esta medida está relacionado con la elaboración de protocolos de investigación y cadena de custodia.
 
Para ello –definió Segob– se requiere de “la asignación de más recursos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”,  para así optimizar el funcionamiento de los servicios periciales.
 
Así también se debe diseñar un pagina web para brindar información general y fotografías de personas desaparecidas o extraviadas.
 
Como lo solicitaron grupos civiles, se debe crear una “Unidad de Contexto” para la investigación del feminicidio, que permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres.  
 
Se mandata a su vez la conformación de un grupo de especialistas que revisen los expedientes que están archivados o en reserva, relacionados con feminicidio u homicidios dolosos de mujeres.
 
Es de mencionar que según la investigación realizada en el Edomex –de la que se desprendió la procedencia de la AVG– en más de la mitad de los casos de homicidios contra mujeres (51 por ciento), ocurridos entre 2005 y 2010, no se ha formulado imputación alguna, y sólo 32.7 por ciento de los casos de feminicidio ocurridos de 2011 a 2014 cuentan con una sentencia.
 
Como parte de la AVG, el gobierno mexiquense también debe establecer un mecanismo de supervisión y sanción contra los servidores públicos “que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género”.
 
Finalmente se mandata al GEM a “visibilizar la violencia de género y emitir un mensaje de cero tolerancia”.
 
Se debe recordar que fue desde diciembre de 2010, durante el gobierno estatal del priista Enrique Peña Nieto –hoy titular del Ejecutivo federal–, que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron la activación de la AVG en la entidad, ante los 922 asesinatos violentos de mujeres reportados en ese momento por la Procuraduría General de Justicia local.
 
Tras una larga batalla legal y múltiples llamados internacionales, el Sistema Nacional se vio obligado a realizar una investigación sobre el feminicidio en la entidad, y finalmente a aceptar la procedencia de la AVG en los 11 municipios mexiquenses.
 
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