En 2008 se conmemoran 30 años desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud (Unión Soviética, 1978), donde fue aprobada la Declaración de Alma Ata, que expresa la necesidad de acciones urgentes de gobiernos, personal de salud y comunidad mundial para proteger la salud de mujeres y hombres sin discriminación ni exclusiones.
Esto es particularmente importante en el caso de las mujeres, pues son ellas quienes demandan más servicios que los hombres, tanto por su rol reproductivo biológico como por su mayor expectativa de vida y morbilidades, pero este acceso no está asegurado.
También, porque enfrentan un acceso desigual a los seguros privados a causa de su capacidad reproductiva, la que continúa siendo considerada como un siniestro; están mayormente representadas en los sectores con pobreza y pobreza extrema, y los hogares con jefatura femenina tienen más probabilidad de ser pobres.
Asimismo, considerando que a menudo no trabajan remuneradamente, tienen salarios menores, realizan trabajos con remuneraciones inferiores, o se ven más afectadas por el desempleo, las mujeres tienen más dificultades de acceso a una atención de calidad.
Son, además, usuarias mayoritarias del sistema público, donde la crisis de recursos humanos y financieros implica un deterioro de la calidad de atención y precariedad de los servicios.
Y están encargadas, como extensión de su papel tradicional de género, como cuidadoras de la salud familiar y comunitaria, y como cuidadoras de personas adultas con patologías diversas, asumiendo roles que el sistema de salud público no efectúa.
Y, finalmente, porque las mujeres representan el mayor porcentaje de quienes trabajan en el sector, pero son pocas las que ocupan cargos de toma de decisiones.
SALUD PLENA Y GOCE DE DERECHOS HUMANOS
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), externó a través de su edición de agosto de Boletina Mujer SaludHable, su compromiso con las mujeres para que cuenten con plena salud y con el goce de sus derechos humanos, como indica la Declaración de Alma Ata y diversos foros mundiales.
La Declaración reconoce la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como ausencia de enfermedad. Es un derecho humano fundamental y su logro debe constituirse en una de las metas más importantes para todas las sociedades, a partir de la acción de diversos actores sociales y económicos, además del sector salud.
Sin embargo, subraya la existencia de profundas desigualdades en el logro de la salud de las personas, particularmente en los países en desarrollo.
ALMA ATA, COMPROMISOS RENOVADOS
El compromiso ético-político de Alma Ata es un hito que marcó las últimas décadas. En sucesivos foros mundiales se reafirmaron sus objetivos centrales, como ocurrió en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994; y la Cumbre del Milenio, 2000, de Naciones Unidas; y en las Asambleas Mundiales por la Salud de los Pueblos y los Foros Sociales Mundiales de la Salud, desde el ámbito de la sociedad civil.
Por otro lado, a partir del año 2004, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sentó las bases de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, cuyo propósito es generar recomendaciones basadas en evidencia de intervenciones y políticas, sobre los determinantes sociales que mejoren la salud de todas las personas y disminuyan las inequidades sanitarias, ante la certeza de que en todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto.
CARTA DE BRASILIA Y CONFERENCIA DE CEPAL
Más recientemente, en Brasilia tuvo lugar la reunión regional de consulta sobre Determinantes Sociales de la Salud (abril 2007), convocada por los gobiernos de Brasil y Chile, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, donde un conjunto de movimientos y organizaciones sociales y populares emitieron la Carta de Brasilia.
Esta declaración de la ciudadanía regional expresa una crítica profunda al modelo de desarrollo social y económico que prevalece en la región de las Américas y su impacto en los derechos de las personas, en especial su derecho a la salud.
Este modelo se fundamenta en una lógica de mercado, que privatiza y medicaliza la salud en detrimento del derecho a la salud.
Agudiza las violaciones a los derechos humanos y las desigualdades que llevan a las inequidades sanitarias, que fragilizan y afectan las situaciones de salud y de vida.
Estas son completamente evitables e injustas, pues la salud es un derecho humano universal, deber del Estado, cuya realización precisa un conjunto de determinantes.
Llama la Declaración, asimismo, a exigir modelos de desarrollo social y económico sustentables, garantes de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos, al igual que un modelo de Estado que garantice dichos derechos.
Por último, la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, colocó como tema central de debate el Análisis de las contribuciones de las mujeres a la economía y la protección social en relación al trabajo no remunerado, uno de ellos, el que realiza en la producción de salud.
07/GG/CV
