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Decreta Peña Nieto Día Nacional de Lucha contra la Homofobia

Por Antonio Medina Trejo*
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A Enrique Peña Nieto no le tembló la mano para nombrar el 17 de mayo como el “Día Nacional de Lucha contra la Homofobia”, como sí le sucedió a su antecesor, Felipe Calderón (Fecal), quien presionado por la sociedad civil organizada, instancias internacionales y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), decretó en mayo de 2010 el “Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”.
 
En este sentido, el presidente Peña le enmienda la plana a Fecal al nombrar ese día con todas sus letras, sin ceder al conservadurismo que cegó a Calderón en el momento de firmar aquel “decreto que no se atrevió a decir su nombre”, como lo dijo en su momento el activista Francisco Lagunes.
 
El desliz homofóbico de Fecal, que evadió a toda costa mencionar la palabra “homofobia”, lo describe de cuerpo entero: temeroso a las palabras, inseguro, conservador a ultranza, y por si fuera poco: traicionero.
 
De acuerdo con información recabada por quien esto escribe, en aquel mayo de 2010 se había acordado desde la Secretaría de Gobernación y el Conapred responder a la petición de la sociedad civil, en este caso, de un amplio sector del activismo lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT), para que el gobierno mexicano instituyera el 17 de mayo como el “Día Nacional contra la Homofobia”.
 
Pero de último momento, Fecal le metió mano al texto acordado y omitió la palabra que le hacía ruido en el título del decreto, por lo que usó términos, que de hecho, reflejaban la homofobia de la que hablaba el texto a decretar.
 
En todo caso, Calderón, como todos sus secuaces conservadores, fueron congruentes con sus preceptos religiosos en el momento de tomar decisiones políticas sobre temas referentes a la diversidad sexual.
 
El gobierno que encabezó el panista intentó mediante un juicio de inconstitucionalidad, promovido por la Procuraduría General de República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), echar abajo los avances en el DF en torno al “matrimonio universal”, que desde marzo de 2010 da la posibilidad a parejas del mismo sexo para unirse ante el Registro Civil y adoptar a menores de edad de manera conjunta.
 
En su afán por justificar sus acciones, el ex presidente declaró el 2 de febrero de 2010 en una gira por Tokio, Japón, que “la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, por lo que consideró que se debería dar un debate legal que tendría que ser resuelto por la SCJN.
 
Sus dichos resonaron en México y no pocos líderes de opinión los usaron, para una vez más, señalar la ignorancia del Presidente sobre la realidad del país que gobernaba. El texto constitucional de ninguna manera señala lo que dijo Fecal. Sus detractores lo hicieron trizas.
 
EL RETO DE PEÑA
 
Ahora lo importante será ver si el gobierno de Enrique Peña Nieto realmente pasará de los dichos y las buenas intenciones plasmadas en el Diario Oficial de la Federación del pasado 21 de marzo, a la implementación de políticas públicas antidiscriminatorias hacia el sector LGBT.
 
También será muy importante ver si los gobernadores y las bancadas de su partidos en el Congreso de la Unión y los congresos estatales, actuarán en consecuencia; no sólo en el tema del “matrimonio universal”, sino en adopción, acceso a la justicia y no discriminación hacia la población LGBT, pues hay estados donde los grados de homofobia institucional y social rebasan los límites de la imaginación. 
 
No se puede olvidar que el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México fue particularmente hostil a manifestaciones públicas de la diversidad sexual.
 
Un caso muy sonado en México tuvo que ver con la represión que sufrió el profesor Humberto Estrada, quien siendo docente en una institución educativa en aquella entidad, participó en un desfile gay travestido, lo que le costó su cargo, el encarcelamiento y finalmente su huida de México por ver que su vida corría peligro en el país.
 
El docente siempre adujo su destierro a la homofobia del gobernador, que se reflejaba en todos los niveles de gobierno en el Edomex.  
 
De ser congruente Enrique Peña Nieto, su gobierno debería de empezar por aceptar que las y los militares LGBT que prestan sus servicios en el Ejército, la Marina o las Fuerzas Armadas, puedan ejercer sus cargos sin ningún tipo de discriminación, como ha sucedido con los militares que viven con VIH/Sida, a quienes hasta hace muy poco se les corría de esas instituciones por “ser inútiles para el servicio de las armas”.
 
Sería deseable, como ha sucedido de manera contundente en Estados Unidos, Francia, España y otros países, que todo militar que asuma públicamente una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) les reconociera el derecho a la seguridad social de sus parejas.
 
Otro gran reto que emprende al gobierno federal al firmar el decreto es que las políticas públicas tengan el componente de diversidad sexual y que en ámbitos de justicia, educación, salud y Derechos Humanos, se plasme el sentir del artículo primero de nuestra Constitución.
 
En todo caso, el habitante de Los Pinos tiene en este momento un  voto de confianza de algunos activistas que siempre han dudado de él y su partido, de hecho, en las redes sociales se comenta que tiene una responsabilidad histórica.
 
Es preciso que se reivindiquen derechos negados por los gobiernos del PRI y del PAN al sector LGBT, pues la historia que tenemos hasta hace muy poco tiempo requiere ser revertida con la inclusión, el respeto y el reconocimiento del Estado mexicano en todas sus acciones, programas y presupuestos.
 
De lo contrario, como siempre sucede, los buenos deseos quedarán en el papel, mientras que en la realidad la gente seguirá sufriendo los estragos de las incongruencias de sus gobernantes.
 
www.antoniomedina.com.mx/@antoniomedina41
 
*Profesor de periodismo en la carrera de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
 
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