Luego de dar testimonio de las violaciones a los derechos humanos (DH) cometidas en México ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) la defensora Margarita Martínez, informó que saldrá de Chiapas al no existir garantías para su integridad y la de su familia.
Dijo que ante la ineficacia del gobierno de Chiapas encabezado por Juan Sabines Guerrero y del gobierno federal para proteger su vida y su seguridad, dejará de vivir en el sureño estado.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien ha acompañado a Margarita desde 2009, criticó la incapacidad del Estado mexicano para proteger a la activista pues pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares para ella y su familia, las amenazas de muerte continúan.
La última fue recibida el pasado 30 de junio, previo a su participación ante el Comité de Expertas de la CEDAW. Cabe recordar que desde 2009 Margarita y su familia comenzaron a ser amenazados, después de que denunció un cateo ilegal a su domicilio en Comitán de parte de elementos policiacos. De ese año a la fecha suman ya 6 amenazas de muerte, además ha sido secuestrada y violentada.
En el marco de la 52 sesión de la CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensoras de México denunciaron la situación de violencia contra las defensoras en el país. En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país» dijo Margarita.
Las medidas de protección que el gobierno de Chiapas ha implementado a favor de Margarita Martínez como parte de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH han sido deficientes y no han logrado inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decidido abandonar el estado.
«Cuando las amenazas son de tal magnitud y las defensoras y defensores de derechos humanos se ven obligados a abandonar su lugar de residencia se vulnera el derecho a la residencia y a la circulación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que se violan estos derechos cuando un defensor o defensora es víctima de amenazas y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas provengan de actores no estatales» argumentó el Frayba.
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