Las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) del continente Americano sufren grados extremos de hostigamiento, intimidación y ataques por parte de bandas criminales, policías y grupos paramilitares, con el fin de impedirles realizar su trabajo, denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe “Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América”.
En él detalla 300 casos ocurridos entre enero de 2010 y septiembre de 2012 en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El informe presentado este día, destaca que las agresiones y persecución contra las personas activistas se da principalmente con las que trabajan temáticas como derechos de las mujeres, defensa de tierras, recursos naturales, abusos a migrantes, así como periodistas, blogueras, blogueros y sindicalistas.
Nancy Tapias Torrado, investigadora de AI sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en América, dijo que “en casi todos los países de la región se somete sistemáticamente a las y los defensores, con la intensión de impedirles defender los derechos de las personas más marginadas”.
“Las y los activistas en ocasiones son tachados de “inmorales”, delincuentes, corruptos y mentirosos”, indicó.
Respecto a México el informe destaca los ataques contra las activistas y cita los casos de hostigamiento y persecución contra las oaxaqueñas Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; y Alba Cruz Ramos, integrante de Comité de Liberación 25 de Noviembre.
Asimismo el de la Fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), Norma Esther Andrade, quien ha recibido varias amenazas de muerte y ha sido atacada en dos ocasiones por exigir justicia tras el asesinato de su hija Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, así como también por su trabajo en la organización, la cual ha documentado cientos de casos de mujeres desaparecidas o asesinados en esa entidad.
El informe también incluye el caso de la periodista mexicana Lydia Cacho; el de las colombianas, Jackeline Rojas Castañeda, integrante de Organización Femenina Popular, y Mónica Roa de la organización Women´s Worlwide (WLW) y de la ambientalista brasileña, Laísa Santos Sampaio del Grupo de Trabajadoras Artesanales Extractivistas; entre otras mujeres.
Tapias Torrado refirió que “cuando las autoridades no investigan los ataques y no protegen a las y los activistas, transmiten el mensaje de que se toleran esos hechos”.
Por ello-agregó- es necesario que los gobiernos garanticen su protección y reconozcan la importancia de su trabajo.
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