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Defensoras hondureñas se oponen al “fraude” electoral

Por Anaiz Zamora Márquez
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Ante el reconocimiento de Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, el Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral demandó que se respete la voluntad del pueblo que acudió a las urnas “confiando que su voto y su decisión sería respetada”.
 
Lo anterior porque pese a las reiteradas denuncias de la sociedad civil, agrupaciones estudiantiles y de partidos de oposición sobre un presunto fraude electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hondureño declaró la noche del pasado sábado como vencedor de los comicios del 24 de noviembre al candidato oficialista.
 
De acuerdo con los datos oficiales, al escrutar el 99 por ciento de las urnas electorales, Hernández tuvo 37 por ciento de los sufragios y Xiomara Castro, candidata del Partido Libre, 26 por ciento.
 
En ese sentido, el Observatorio manifestó su preocupación de que  en su mandato presidencial Juan Orlando Hernández materialice en leyes iniciativas que impulsó como parte del Congreso Nacional y que atentan contra la vida digna de las personas.
 
Como ejemplo están la expedición de una ley del empleo temporal o por horas, las alianzas público-privadas en detrimento del Estado hondureño, y el aumento de la militarización.
 
De acuerdo con el Observatorio, que integra agrupaciones nacionales, defensoras, y activistas nacionales e internacionales, todas las propuestas legislativas están “cargadas de dogmas religiosos que violan el derecho al libre culto, la igualdad, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía tomando en cuenta el sexo y orientación sexual”.
 
Organizaciones civiles, entre las que se encuentra el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), aseguraron que la militarización de las calles tras el golpe de Estado perpetrado en 2009 marcó un clima de violencia y agresiones sexuales contra las hondureñas.
 
Tan sólo en 2012 el CDM registró seis casos de violaciones sexuales a manos de militares contra jóvenes menores de edad.
 
Por lo que mediante un pronunciamiento público demandaron que se “respete la voluntad del pueblo que acudió a votar”, toda vez que a pesar de haberse realizado un proceso electoral sin un gran número de acontecimientos violentos, no se observó que “la ciudadanía haya participado en libertad”.
 
A la exigencia de las activistas se sumó la protesta de la ex candidata presidencial Xiomara Castro, quien junto a su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya, encabezó el domingo pasado una marcha por Tegucigalpa, capital del país centroamericano, contra el resultado de las elecciones, al considerar que hubo “fraude”.
 
Anoche, el TSE aceptó la solicitud de Castro para que se revisen las actas electorales, y condicionó a la ex candidata a aceptar los resultados aunque no le favorezcan.
 
La semana posterior a la jornada electoral, Xiomara denunció que más de 800 mil votos fueron manipulados y que hubo “fallas” en al menos 12 por ciento de las urnas.
 
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