Desde 2015, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha venido trabajando en una Campaña denominada “Defensoras somos Todas” (Historias de Vidas).
“Defensoras Somos Todas”, las que ya de suyo defienden, promueven y difunden los Derechos Humanos de las mujeres, pero también las que buscan a sus hijas, hijos, hermanas, hermanos, esposos, novios o hermanos o las que son perseguidas y reprimidas como producto de la protesta social.
¿Cuántas denunciadas, encarceladas, hostigadas, perseguidas o víctimas de feminicidio o violencia sexual? De abril del 2015 a marzo del 2016, la Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015 (salvo en los casos emblemáticos, los cuales obedecieron a la temporalidad de los mismos), en 20 estados de la república mexicana.
Se realizaron 28 entrevistas individuales y colectivas a Defensoras de Derechos Humanos que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, y se sistematizaron 52 encuestas aplicadas a Defensoras y Defensores. El estudio abarco a 21 estados de la República Mexicana (incluida la Ciudad de México, antes Distrito Federal).
La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización a lo que 61 por ciento respondió afirmativamente, mientras que 39 por ciento dijo que no. De quienes respondieron sí, destaca que 44 por ciento han sufrido violencia psicológica; 35 por ciento hostigamiento; difamación y amenazas tuvieron el mismo porcentaje: 29 por ciento.
Violencia Física y económica, también se mantuvieron parejas con 21.2 por ciento. En tanto, quienes manifestaron haber vivido violencia emocional se ubicó en 15.4 por ciento y de Robo en General 11.5 por ciento, la violencia sexual se ubicó en 5.8 por ciento y otras formas de violencia en 14 por ciento.
De acuerdo a la encuesta realizada, 23 por ciento refirió haber vivido Violencia Institucional, mientras que 11.5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que 5.8 por ciento dijo haber vivido violencia en la comunidad.
De los 36 casos de feminicidio de Defensoras de Derechos Humanos acá señalados, el estado con mayor es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y la Ciudad de México con 5.
La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1 por ciento. Mientras que 11.5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
Cuando se les preguntó el tipo de violencia sufrida, un 21.2 por ciento refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que 11.5 por ciento fue intimidada por grupos de poder económico y por poderes fácticos.
Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6 por ciento, intimidación paramilitar con un 7.7 por ciento, y grupos del narcotráfico con un 7.7 por ciento.
El mayor porcentaje corresponde a la violencia psicológica con 48 por ciento , intimidación gubernamental 31 por ciento, hostigamiento 27 por ciento, amenazas y difamación con 25 por ciento cada una, y persecución 17 por ciento.
Una de las modalidades de violencia que han sufrido otras personas que integran la organización es la económica y representa el 16 por ciento.
Los dos casos de desaparición forzada de las personas mismas y los otros dos de familiares muestran el nivel de violencia e inseguridad nacionales.
De la muestra, quienes responden que han sufrido violencia o conocen de algún caso de violencia relacionado con la organización 13.5 por ciento considera que entre 2009 y 2014 ha sido el periodo con mayor incidencia considerado a partir del año 2000.
Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a Evaluación de Riesgo; que las Medidas que se debían asegurar a las Defensoras, Defensores y Periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/as. Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo.
Al Estado Mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las Defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas, sean investigados por Organismos Independientes e Imparciales.
Si el Estado Mexicano no es capaz o no tiene la voluntad política de proteger a las defensoras, con más razón prevalece la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas en nuestro país, donde se perpetran 7 asesinatos de mujeres diarios, ocupando el lugar 16 en el mundo y el primero en América Latina y el Caribe.
Hoy que se acerca el final del año, bien podemos hacer un balance del 2017. Eran niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores los mil 297 casos de feminicidio.
Una persona se atreve a desaparecer, violar y/o asesinar a una mujer en México porque sabe que existe la corrupción rampante y los altos índices de impunidad que les niega el derecho al acceso a la justicia.
Pero el feminicidio en México –mil 297 sólo en lo que va del presente año–tienen su raíz en el machismo contra el poder de las mujeres, la falta de perspectiva de género por parte tanto de los que investigan como los medios que difunden, y en una parte de la sociedad que, al no querer reconocer o no condenar el fenómeno, se vuelve cómplice.
Mara, Evelyn, Fátima, Valeria, Jessica, Lesvy… todas han sido revictimizadas por las y los funcionarios del sistema de justicia.
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
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