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Defienden puertorriqueñas instancia a favor de las mujeres

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ante la intentona del gobierno de Puerto Rico (PR) para desmantelar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) –que fiscaliza la aplicación de políticas para la igualdad de género–, activistas de la isla caribeña insistieron en la defensa de este órgano de Estado y exigieron su renovación y darle mayor autonomía.
 
Luego de que el pasado mes de mayo el gobierno de PR, al mando de Alejandro García Padilla, lanzara la propuesta de desmantelar la OPM por razones presupuestales, organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), denunciaron que su eliminación sería un retroceso en el reconocimiento de los derechos femeninos.
 
De acuerdo con la propuesta de García Padilla, la OPM debía desintegrarse para luego fusionarse con el Departamento de la Familia y así reducir el gasto público, esto a pesar de que de 2007 a 2009 la violencia intrafamiliar aumentó de 17 mil 239 a 22 mil 639 casos, según una investigación sobre violencia doméstica realizada por la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
 
Verónica Rivera Torres, presidenta de Cladem-Puerto Rico, dijo en entrevista telefónica con Cimacnoticias que la medida anula el logro de las mujeres de tener una instancia especializada para atender la violencia y discriminación de género en todos los ámbitos y no sólo el familiar.
 
La activista recordó que la creación en 2001 de la OPM, presidida entonces por María Dolores Rendón, fue resultado de un proceso en el que las feministas se lanzaron a la conquista de sus derechos en las leyes, y se constituyó para responder a las recomendaciones de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, y otros acuerdos internacionales.
 
Su principal función, según la Ley de la OPM, es la de fiscalizar el cumplimiento por parte del gobierno puertorriqueño de las políticas públicas adoptadas en materia de equidad de género.
 
También tiene la facultad de disponer de procedimientos para tramitar reclamaciones y querellas sobre violencia intrafamiliar; autorizar multas administrativas y compensación por daños, así como fijar penalidades.
 
Actualmente la propuesta de García Padilla está en la “congeladora” gracias a la protesta de las activistas, por lo que ellas han elaborado una nueva iniciativa –entregada al Ejecutivo– para renovar la OPM a fin de reducir sus limitaciones, ampliar su impacto y “descentralizar” la figura de la procuradora.
 
Esto porque, a decir de Verónica Rivera, tras el primer cambio de administración de la OPM, la toma de decisiones se centralizó en la actual procuradora Wanda Vázquez, quien actúa a merced de intereses ajenos a los de la mayoría de las mujeres, y las mismas feministas que impulsaron su creación también dejaron de ser escuchadas.
 
Por eso, la nueva propuesta es la de conformar un comité consultivo integrado por diferentes actoras de la sociedad civil, quienes a su vez representen las necesidades de las poblaciones vulnerables.
 
Se espera que con la construcción de la nueva OPM se permita una mayor participación ciudadana, se alcance la transparencia, y se consolide un mecanismo de rendición de cuentas, por lo que será necesario alejarla del partidismo político y los vaivenes electorales, concluyó la presidenta de Cladem-Puerto Rico.
 
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