La tragedia cotidiana por explosiones y derrumbes de las minas de carbón mineral, en la Región Carbonífera mexicana, ha dejado abiertas muchas heridas, una estela de oprobios y una tristeza larga. Han quedado muchos muertos, uno cada tres días en los últimos 100 años.
La explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, reveló el contorno de la vida cotidiana de los carboneros, expuso al mundo la irresponsabilidad industrial y gubernamental, y abrió una ventana para conocer el tamaño de la injusticia. Fue la conmoción que dio vuelta a la tuerca.
Desde 1999, las evaluaciones técnicas y de seguridad industrial habían ordenado el cierre de la mina, por insegura. Allí, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, todos los trabajadores -más de mil- habían sufrido algún accidente entre 2002 y 2006. Sólo la negligencia y la corrupción hicieron posible que se mantuviera abierta y, aún, acrecentara su ritmo de producción.
Allí había niveles de gas metano -conocido como grisú o el «vaho del diablo»- por encima de lo permitido; maquinaria chatarra en lugar de ventiladores que hicieran soportable el trabajo; inseguridad en los «ademes» (vigas de soporte) y falta de polveo (arenilla blanca que se coloca para saber cuándo hay peligro). Así consta en la investigación hecha por la Secretaría del Trabajo después de la explosión.
La paradoja es que esa propia entidad debía asegurar la inspección y solamente tenía dos supervisores para toda la región. Un grupo de ellos estuvo sin órdenes de trabajo durante meses. Nadie se lo explica.
Durante más de 13 meses, viudas, familiares y huérfanos, así como organizaciones sociales y de derechos humanos, han exigido justicia y una explicación creíble sobre el suceso, que se ha querido atribuir a la desgracia. El silencio centenario se rompió.
TRAGEDIA PARADIGMÁTICA
Con la explosión de Pasta de Conchos es la primera vez en más de 100 años que la empresa responsable, Industrial Minera México (IMMSA), es investigada por negligencia. También es la primera vez que se señalan culpables: cinco empleados recibieron orden de aprehensión y, por única ocasión, hay pruebas abundantes de un siniestro en toda la historia de la Cuenca Carbonífera.
El Procurador de Coahuila, Jesús Torres Charles, entregó a SEMlac una lista de accidentes reportados en sus archivos. «Nunca se pidió o se hizo una investigación judicial, hasta ahora», dice. Asegura que por ser la minería un asunto federal, ningún gobierno en Coahuila se involucró en la investigación sobre las explosiones.
Ahora exime de culpa a los señalados y fijó una cantidad para la «reparación del daño» que aún no convence. Elvira Martínez se pregunta «si no habrá justicia ahora, con todas las pruebas, ¿cuándo habrá justicia?»
La mina 8 fue promocionada como una de las más modernas. IMMSA cavó a más de 150 metros de profundidad, construyó galerías de más de dos kilómetros; suministró carbón para generar electricidad, a un ritmo de producción que llamó la atención. Los trabajadores tenían largas jornadas, los accidentes menudearon durante los últimos tiempos y era vox populi que el lugar estaba en malas condiciones.
Después de la tragedia, nada pudo ocultarse. La movilización de los familiares de las víctimas originó la intervención de instancias de Derechos Humanos, de las Procuradurías de Justicia, de Organizaciones No Gubernamentales -especialmente las ligadas a la Iglesia Católica- e hizo revivir la esperanza de que las cosas en la Cuenca pudieran cambiar.
Pasta de Conchos ya es un suceso histórico. Ante la opinión pública se ha develado la estela de complicidades, corrupción e indiferencia por la vida de los mineros. Aunque tímidamente, los medios de comunicación se acercaron a la realidad de la Cuenca Carbonífera y las fotografías de la vida cotidiana de esos pueblos han mostrado altos niveles de abandono y pobreza.
Pasta de Conchos está en la boca de políticos y opositores. Lo que allí sucedió y por qué es tema de artículos, reportajes, libros inéditos y películas difundidas por cable. Pero hoy se quiere cerrar el caso, definitivamente.
NO HAY FUNERALES
En más de un siglo, es la primera vez que no hay funerales en Pasta de Conchos. Quedan por rescatar todavía 63 cuerpos de los 65 mineros atrapados debido a la incapacidad y negligencia de la empresa, claman hombres y mujeres de la región. La empresa, moderna y millonaria, aún no ha sido inculpada y el silencio es total por parte de las autoridades federales.
Las mujeres no han dejado de vigilar cada día la boca de la mina y registran los movimientos de trabajadores y empresarios en las maniobras de rescate de los caídos, por temor a que la impunidad se imponga nuevamente.
En los primeros días de la tragedia, la empresa otorgó a cada familia 75 mil dólares como «ayuda humanitaria», pero el dinero no sirve, «los queremos a ellos», alegan amistades y allegados. Y esa es la demanda principal desde el primer día. Se escribió en mantas y carteles, se difundió en declaraciones de prensa, en caravanas y misas, en foros y giras por el país. Como «reparación del daño», el 17 de abril la empresa agregó 18 mil dólares a los 75 mil dólares que recibió cada familia como «ayuda humanitaria».
Si antes no se recogieron testimonios de las explosiones -más de 116 entre 1884 y 2006- y jamás hubo indagación sobre Pasta de Conchos, esta vez una sola investigación pericial de la Secretaría del Trabajo suma más de mil 600 hojas escritas acerca de la situación inadecuada de la mina. Los oficios a la Organización Internacional del Trabajo, las cartas a las autoridades, los avisos de prensa y los boletines constituyen hoy una documentación inédita.
Las pesquisas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también responsabilizan, por omiso, al Sindicato Minero Metalúrgico, ya que algunos de sus delegados participaban de las inspecciones de seguridad industrial y no denunciaron la situación de la mina, ni impidieron que los mineros continuaran trabajando.
El abogado Manuel Fuentes Muñiz asegura que hubo irresponsabilidad por parte de las autoridades del trabajo, que debieron paralizar la mina; de las autoridades de Seguridad Social que recibían, día a día, a los accidentados; de las autoridades de la Secretaría de Economía, que deben exigir buenas condiciones de trabajo y vigilar para que se cumplen, al dar concesiones de explotación; de las autoridades locales, municipales y estatales, que conocen cotidianamente de accidentes, muertes y situación laboral.
SÓLO LA IGLESIA
A la hora del siniestro, solamente la Pastoral Laboral de la Iglesia Católica acompañó a los deudos. «Ello le permitió configurar el tamaño de la responsabilidad de la empresa», dijo a SEMlac Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo ?capital de Coahuila, a más de mil kilómetros de la capital del país.
Vera ha recibido amenazas y persecución por parte de las autoridades federales, por ser la figura más prominente de la protesta ante las inadecuadas condiciones de trabajo de los carboneros.
El gobierno federal, a cargo de Vicente Fox, envió un cordón militar en febrero de 2006 para facilitar a la empresa los trabajos de búsqueda y «controlar» a los deudos.
Las autoridades estatales, encabezadas por Humberto Moreira, trataron de controlar a los deudos y les designaron tutores para los trámites. Estos tramitadores, convertidos en informantes, intentaron convencer luego a viudas y familiares a resignarse, como sucedía antes, cuando nadie hacía preguntas sobre el origen de los siniestros.
En los meses que siguieron al 19 de febrero, el trabajo de Moreira consistió en desalentar los reclamos. De eso «tenemos evidencias y testimonios», afirman las viudas, que enviaron su queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una petición a Felipe Calderón. La petición, hecha el 19 de diciembre, no ha tenido respuesta.
LA SUSPENSIÓN DEL RESCATE
En 1969, cuando explotó la mina La Guadalupe, propiedad del gobierno federal, el último cuerpo se entregó cuatro meses después. Allí perecieron 153 trabajadores. En el caso de El Hondo, en 1902, murieron 200 mineros. Entonces, cuando no había técnica adecuada ni solidaridad internacional, las viudas recibieron los féretros en unas cuantas semanas. Hoy no.
«Yo me temía esto», declaró Elvira Martínez; «yo me lo esperaba», dijo Rosa María Mejía; «Yo lo sabía», comentó Arturo Rodríguez, reportero de la revista política Proceso, quien tampoco se ha despegado de la mina.
Pero Raúl Vera, el obispo de Saltillo, cree que todo se hizo para no sacar los cuerpos hasta ahora, porque eso significaría abrir la mina a los especialistas y entonces quedaría claro el crimen industrial que perpetró IMMSA.
La suerte está echada. En Pasta de Conchos, aseguró el abogado Manuel Fuentes Muñiz, el conflicto ahora será indefinido. Las viudas no regresarán a su casa.
En la Cuenca Carbonífera, la historia será antes y después de Pasta de Conchos. La explotación del carbón tendrá que modificar sus prácticas y los diputados federales, que han organizado una comisión especial para investigar el caso, ya estudian la Ley Minera y su modificación, afirmó la legisladora Rosario Ortiz, integrante de ese grupo.
Mientras, en la región Carbonífera de más de 100 kilómetros de tierra a la redonda, con una temperatura que en abril ronda los 37 grados, las viudas siguen al pie de la empresa, reclamando.
07/SLL/GG
