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Delito, el aborto terapéutico en Nicaragua

Por la Redacción

Como un grave retroceso de los derechos femeninos fue calificada por feministas médicos, activistas, diplomáticos y funcionarios gubernamentales la nueva ley que, desde el 26 de octubre, penaliza con ocho años de prisión la práctica del aborto terapéutico en Nicaragua.

La nueva legislación –aprobada con 52 votos a favor, 9 abstenciones y 92 ausencias, en medio de la disputada campaña electoral y de un clima de protestas callejeras– anuló el artículo 165 del Código Penal de 1893 y con ello la posibilidad de la interrupción asistida del embarazo cuando la madre corra riesgos de salud, o daños psicológicos por haberse embarazado al ser violada, informaron agencias internacionales.

Diversas organizaciones civiles y de mujeres intentaron tomar el edificio en donde fue aprobada la ley. Lanzaron piedras y botellas al edificio y rompieron los portones, por lo cual la policía intervino para sacarlos a empujarlos del edificio e impedir sus intentos de ingresar nuevamente.

En Nicaragua, país en donde el 75 por ciento de la población es pobre, ocurren cada año entre 800 y mil abortos terapéuticos, de acuerdo con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

En opinión de Juana Jiménez, activista del MAM y coordinadora de la campaña por la despenalización del aborto terapéutico, la modificación fue resultado de la caza de votos para ganar la presidencia el 5 de noviembre, por lo que debió postergarse después de esa fecha, como demandaban diversas organizaciones.

Las iglesias católica y evangélica, dijo, cambiaron 200.000 posibles votos por la vida de más de tres millones de mujeres nicaragüenses, al recabar 200 mil firmas y presentarlas al parlamento para solicitar la derogación del artículo 165.

En respuesta, el MAM iniciará una demanda internacional contra el Estado nicaragüense, recurrirán ante los tribunales superiores del país e intensificarán sus protestas pues, como afirma la médica Ana María Pizarro, de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, la ley es un crimen contra las mujeres más pobres y una abierta violación a los derechos humanos universales y a la Constitución.

La penalización del aborto está causando polémica y división, incluso dentro del gobierno: la ministra de Salud de Nicaragua, Margarita Guardián rechazó la decisión de los diputados, mientras el presidente Enrique Bolaños sugería que se castigara hasta con 30 años de cárcel a las mujeres y médicos que recurrieran al aborto terapéutico.

La dirigente Norma Moreno, de la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, opina que la ley tendrá como consecuencia un aumento de la mortalidad materna e infantil y una posible fuga de médicos especialistas a países donde puedan ejercer la medicina con libertad.

El Estado casi obliga a las mujeres a emigrar a países donde puedan realizarse el aborto, o a esconder a sus niñas muertas en los patios de sus casas, lamentó Georgina Muñoz, enlace nacional de la organización no gubernamental Coordinadora Civil.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de mortalidad materna en Nicaragua es de 83,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y cada año mueren 144 mujeres en edad reproductiva, la mitad de las cuales tienen entre 20 y 34 años, sobre todo en áreas rurales.

Pero esta cifra podría aumentar con la nueva medida, con lo cual se incumplirían dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), planteados por la ONU, que proponen reducir en dos tercios la mortalidad infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, entre 1990 y 2015.

Numerosos organismos nacionales e internacionales continúan sumándose para protestar contra esta nueva ley que penaliza el aborto terapéutico, entre ellos miembros del cuerpo diplomático destacado en Nicaragua, las sociedades médicas de América Latina, representantes de agencias de la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, así como las no gubernamentales Save The Children, International Women?s Health Coalition y Human Rights Watch

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