Demanda Nestora Salgado reparación del daño

La comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, dijo que en México se criminaliza a las personas defensoras de Derechos Humanos (DH), docentes y comunicadores, por lo que llamó a las autoridades a atender las recomendaciones internacionales.
 
En conferencia telefónica desde Estados Unidos, donde se encuentra atendiendo su salud, la activista pidió al gobierno mexicano que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas en las que recomienda liberar a las y los presos políticos.
 
En enero pasado, cuando Nestora aún estaba presa, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró a la comandanta como una defensora perseguida por su trabajo a favor de la seguridad de la población indígena, por lo que exigió al Estado mexicano su inmediata libertad.
 
Al respecto, Salgado García aseguró que pese a que recuperó su libertad el pasado 18 de marzo, casi tres años después de ser detenida, la recomendación de la ONU no se ha cumplido por completo y es que sigue siendo criminalizada y perseguida, aunque no dio detalles.  
 
La comandanta dijo que las autoridades no han reparado el daño moral, físico y económico que padeció, y destacó que obtuvo la libertad porque no había pruebas en su contra. 
 
Durante la conferencia telefónica, un grupo de organizaciones civiles presentaron cinco resoluciones que hizo el Grupo de Detención Arbitraria de la ONU sobre las y los presos políticos.
 
Naciones Unidas emitió resoluciones favorables en los casos de Nestora, y los activistas presos Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, y del periodista Pedro Canché Herrera, quien recuperó su libertad en mayo de 2015.
 
El Grupo de Trabajo emitió su decisión sobre el fondo del caso de Nestora, el cual analizaba desde noviembre de 2013 y consideró que su detención fue ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y exigió tanto su libertad como una “compensación apropiada” por las violaciones a sus DH.
 
Es por ello que la comandanta de la PC dijo que el gobierno mexicano no le ha pedido una disculpa pública por el encarcelamiento injusto que padeció, e informó que ante posibles represalias solicitará medidas cautelares para seguir trabajando por la libertad de los presos de la Policía Comunitaria. 
 
Ante los tres casos de detención arbitraria (de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños), organizaciones civiles y familiares de los presos pidieron a las autoridades que abran una mesa de trabajo para analizar cómo van a implementar las opiniones de la ONU, y que el Poder Judicial ponga atención al actuar de los jueces en estos casos.
 
Los comités de apoyo a presos políticos reiteraron que los próximos 23 y 24 de abril realizarán el Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos en Olinalá.
 
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