Demandan a EU retirar apoyo económico a Honduras

Indignados por el asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres Flores, perpetrado el pasado 3 de marzo en Honduras, más de 700 especialistas y catedráticos latinoamericanos llamaron a Estados Unidos para que suspenda el apoyo al gobierno hondureño a través de la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, como una forma de castigo por la falta de seguridad para las y los activistas.
 
De 2010 hasta ahora, más de 100 defensoras y defensores de los Derechos Humanos (DH) y ambientalistas fueron asesinados en el país centroamericano.
 
“En todos los sentidos, el golpe de Estado de 2009 derrumbó el sistema judicial y el estado de derecho. El país tiene una de las tasas más altas de muertes, femicidio y asesinatos de personas LGBTI (lésbicas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) en el mundo.
 
“A pesar de esta situación atroz, el gobierno de EU continúa financiando a un gobierno que inexcusablemente ha hecho caso omiso del derecho a la vida de sus ciudadanos”, criticaron las y los intelectuales en una carta dirigida al secretario de Estado del país del norte, John Kerry.
 
Ante esa situación, las y los catedráticos afirmaron que se preocupan “profundamente con el hecho de que el gobierno de EU aprueba y apoya al actual gobierno de Honduras mediante el envío de ayuda financiera y técnica para fortalecer a militares y policía hondureños, instituciones que han sido responsables de innumerables violaciones de DH desde el golpe de Estado de 2009”.
 
En ese sentido, exhortaron a EU a suspender, inmediatamente, su apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández. “Pedimos al gobierno de Estados Unidos que aplique sanciones contra el gobierno de Honduras hasta que permita la entrada de un equipo internacional de investigadores independientes para resolver el crimen contra Berta Cáceres”.
 
Uniéndose a las demandas de la Coalición Internacional para los Derechos Humanos en las Américas, las y los especialistas exigieron que el gobierno hondureño realice la investigación lo más rápido posible, con transparencia en el proceso, y asegure la rápida identificación de los autores del delito.
 
También pidieron la participación de especialistas internacionales de DH en el proceso de investigación y que la Ley de Protección sea aplicada en favor de las y los defensores de DH, periodistas, comunicadores sociales y agentes de la justicia.
 
A la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicitaron que supervise la investigación de modo que asegure su realización de manera imparcial e independiente.
 
En el texto, también compararon la pérdida de Berta Cáceres para el movimiento indígena de Honduras con el asesinato de Martin Luther King Jr., para el movimiento de los derechos civiles de EU.
 
Berta Cáceres Flores dedicó su vida a defender el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas de su país, estando al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
 
Luchadora valiente, admirada por muchos y odiada por tantos, resistió amenazas de muerte que la acompañaron durante años, debido a su actuación contra los intereses privados de grandes corporaciones. En reconocimiento de su trabajo, ganó el Premio Goldman en 2015.
 
A pesar de que las amenazas eran de conocimiento público y de la existencia de medidas cautelares y preventivas de protección policial, Berta no estaba totalmente protegida y murió en su propia casa, sumándose a los más de 100 activistas asesinados desde 2010.
 
Esto, según observadores de DH, “demuestra la evidente indiferencia y peligro que enfrentan las y los defensores ambientales”.
 
Para ellos, el único testigo del asesinato de Cáceres, el defensor mexicano Gustavo Castro Soto –retenido en Honduras para prestar su declaración– también corre peligro. “Tememos por su vida y nos unimos a la comunidad internacional para pedir por la protección e inmediata liberación de Gustavo Castro Soto”, expresaron.
 
*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias Adital.
 
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