Demandan anular sentencia de prisión contra Gladys Lanza

La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) manifestó enérgicamente su rechazo y preocupación ante la sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Gladys Lanza Ochoa, líder del movimiento feminista en Honduras.
 
Las 380 defensoras de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integran IM-Defensoras emitieron un pronunciamiento para pedir a las autoridades del país centroamericano respeten las garantías constitucionales de Lanza y anulen la sentencia condenatoria que se le impuso por defender a una mujer víctima de violencia de género.
 
Hace cuatro años “Las Chonas” –como se conoce a las integrantes de la organización liderada por Lanza– apoyaron a una víctima de acoso sexual, laboral y despido injustificado por parte de Carlos Reyes, director de la Fundación para la Vivienda Social, Urbana y Rural de Honduras (Fundevih), y realizaron un plantón frente a las instalaciones de la empresa.
 
Durante esa manifestación Gladys Lanza informó sobre el caso, lo que motivó un proceso de criminalización en su contra por parte de Carlos Reyes, quien acusó a la activista de “difamación e injurias”.
 
En enero pasado la defensora fue declarada culpable de tales delitos, quedando pendiente la condena. Finalmente el pasado 26 de marzo el Tribunal de Sentencia comunicó a Lanza que su pena era de 18 meses de prisión.
 
La condena inhabilita a la defensora a desempeñar la representación legal del Movimiento Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización pionera en la defensa de los Derechos Humanos (DH) de las hondureñas.
 
Lanza Ochoa, quien inició su activismo desde los años 60, adelantó  que apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia y anunció que si este órgano deja firme la condena, no “conmutará” la pena (es decir no pagará fianza) y purgará la pena de prisión.
 
En ese sentido, IM-Defensoras respaldó y reconoció la larga trayectoria de defensa de los DH que ha realizado Gladys Lanza, quien ha sido víctima de múltiples agresiones, amenazas y atentados, llegando incluso a obtener medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
Las defensoras llamaron a que se reconozca el aporte social de la labor de Gladys Lanza, pues desde su movimiento cientos de hondureñas han tenido la posibilidad de acceder a la justicia.
 
Quienes integran IM-Defensoras calificaron la sentencia de “gravísima” al tratarse de un caso paradigmático de criminalización a una activista humanitaria, “con el único objetivo de sancionar e inhibir su labor de defensa”.
 
Señalaron que el proceso no afecta sólo a la defensora hondureña, sino que “establece un precedente coercitivo y claramente desmovilizador frente a las otras defensoras de los DH de las mujeres hondureñas generando una mayor vulnerabilidad e indefensión de las mujeres víctimas de violencia y consolidando la impunidad en un país que, no olvidemos, presenta un índice de feminicidio de 14.6 casos por cada 100 mil habitantes”.
 
Por lo que exigieron a las autoridades hondureñas respetar las garantías constitucionales de Lanza, así como su inalienable derecho a defender derechos, y que se anule la “a todas luces, improcedente sentencia condenatoria”, y cese inmediatamente el proceso de criminalización de que la defensora es objeto.
 
También llamaron a que se garantice, reconozca y promueva públicamente el “derecho a defender derechos”, revirtiendo el mensaje inhibidor y coercitivo que todo proceso de criminalización tiene, especialmente sobre las mujeres víctimas de violencia, así como sobre las propias mujeres defensoras y sus organizaciones.
 
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