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Demandan claridad en investigación de feminicidio en Edomex

Por Anaiz Zamora Márquez
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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) enviaron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), una carta para explicar cuáles son los lineamientos mínimos a seguir para investigar de manera adecuada los asesinatos de mujeres en el Estado de México.
           
Ello porque el gobierno federal ha mostrado que desconoce el procedimiento para una adecuada investigación, y porque el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) está obligado a indagar la violencia feminicida en esa entidad, luego de que en 2012 activistas ganaron un amparo para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Cabe recordar que en mayo pasado el Sistema informó al Juez Noveno de Distrito –que otorgó el amparo– que las pesquisas en el Edomex correrán a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009 a partir del acuerdo 04-24/04/2009, y cuyos resultados serán evaluados por un “Grupo Dictaminador” instaurado con el mismo acuerdo. Ambos grupos están conformados únicamente por dependencias federales.
 
Desde ese momento, las organizaciones civiles manifestaron su preocupación de que la investigación esté sesgada o sea poco objetiva. A ese temor se sumó la poca información dada a activistas sobre la metodología que se seguirá para la investigación.
 
Por ello, mediante la misiva –cuya copia tiene Cimacnoticias– la CMDPDH (organización que presentó la solicitud de AVG) solicita a las dependencias dar a conocer los nombres y perfiles de las personas que integran los grupos investigador y dictaminador, ya que hasta la fecha no conoce como será su conformación.
 
Esta falta de información, dijeron el OCNF y la CMDPDH, representa una violación a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que obliga a notificar a los interesados sobre todos los actos en un plazo máximo de 10 días. 
 
En la misiva también se dice que en la investigación que haga el grupo interinstitucional se solicite al Ejecutivo local que informe sobre los 526 casos de asesinatos de mujeres registrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), de 2005 a 2010.
 
Según las agrupaciones ciudadanas, no hay avances en estos casos y no se conoce la identidad de los agresores, por lo que ahora es necesario conocer cuál es el estado procesal en el que se encuentran, ya que aún no se sabe si se procuró el adecuado acceso a la justicia.
 
También mencionaron la necesidad de que se informe sobre los 600 casos de mujeres asesinadas de 2011 a 2013, particularmente sobre la edad de las víctimas, su ocupación, relación con el victimario, lugar del hallazgo, causa de la muerte, y métodos empleados para cometer el asesinato, datos que hasta el momento se desconocen.
 
La CMDPDH recomendó al Sistema solicitar información sobre la implementación de las órdenes de protección en los casos de violencia intrafamiliar, así como de la tipificación del feminicidio, pues ambas medidas se anunciaron en 2011 como estrategias para frenar la violencia de género. 
 
Para las organizaciones es fundamental que se dé cuenta de la fecha en la que el Edomex recibió el Sistema CODIS, especializado en la identificación de ADN y cuya implementación se desprende de la sentencia de Campo Algodonero dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, así como de la forma en que se alimenta este banco de datos y cuántas mujeres se ha logrado identificar con él.
 
Dentro de los puntos fundamentales de la investigación, abundaron, es necesario que el grupo dictaminador indague el estado que guardan los mil 258 casos de desapariciones de mujeres y niñas ocurridas entre 2011 y 2012. 
 
Por otro lado, afirmaron que se debe solicitar el número de funcionarios adscritos a la PGJEM que fueron denunciados por violencia contra las mujeres y la manera en que se procedió, así como el número de quejas contra servidores públicos que han tenido un mal proceder durante las denuncias o investigaciones.
 
El grupo debe pedirle al Poder Judicial informe sobre el número de casos documentados entre 2005 y 2010 en proceso o que tienen sentencia; mientras que al Poder Legislativo se le pide dar a conocer el número de iniciativas presentadas a favor de la población femenina en el Edomex.
 
Al mismo tiempo, las organizaciones dieron lineamientos para que la investigación de campo se realice a base de entrevistas y reuniones con víctimas de violencia y sus familiares. Se debe indagar –en compañía de un psicólogo y abogado experto y evitando la revictimización– cómo fue el proceder de servidores públicos durante las denuncias y las investigaciones.
 
Finalmente se consideró que el informe final debe tomar en cuenta lo estipulado en acuerdos y tratados internacionales, que definen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.
 
La carta fue enviada el pasado viernes a la Segob y el Inmujeres en el marco de la segunda jornada de la “Alerta Ciudadana de Género”, que el OCNF inició hace unas semanas en el Edomex.
 
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