Todo proyecto o programa financiado por el Banco Mundial que afecte positiva o negativamente a las comunidades indígenas debe tomar como base los derechos asentados en el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno mexicano, señalaron organizaciones indígenas que asistieron a la primera consulta pública sobre la nueva política de desarrollo sobre pueblos indígenas, realizada en Tlaxcala.
Joel Esdres, indígena de la huasteca hidalguense y representante de la organización Masehualtzitzi Iniceniliz, indicó que se presentaron las recomendaciones que las organizaciones indígenas le hicieron al Banco Mundial en relación con su política de desarrollo, una de ellas es que todo crédito que el organismo financiero internacional otorgue a México, debe estar condicionado al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Por su parte, el también indígena de la huasteca veracruzana, Juan Flores Cruz, mencionó que el objetivo central de la nueva política del Banco Mundial sobre los pueblos indígenas debe asegurar que los programas y proyectos financiados por él no tengan efectos adversos en las comunidades y, por el contrario, éstas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente compatibles con sus costumbres.
Cabe destacar que desde 1992 hasta el año 2000, el Banco Mundial asignó 11 mil millones 283 mil 300 dólares al gobierno mexicano en diferentes tipos de créditos e inversiones, para 42 proyectos, de los cuales 19 siguen activos.
Del total de la cartera del Banco Mundial en México fueron asignados recursos para nueve programas en el sector agrícola, por un monto de mil 66 millones 400 mil dólares; para el sector educativo se aprobaron siete proyectos por una cantidad de mil 526 millones 200 mil dólares; tres proyectos sobre medio ambiente por 604 millones 500 mil dólares.
De este conjunto de proyectos sólo uno contó con la participación de la sociedad civil, el denominado por el Banco Mundial como Comunidades Forestales, aprobado el 18 de febrero de 1997, mismo que sigue activo.
Por lo anterior, las organizaciones indígenas demandaron participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos que el Banco Mundial y el gobierno federal elaboran.
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