Tras solicitar que en la región Triqui se declare la Alerta de Género, contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para proteger la vida de las mujeres que en situación de conflicto son violentadas, Beatriz Ramírez, del Colectivo Huaxyacac, sostuvo que los organismos de la sociedad civil no están a favor ni en contra de ningún grupo político.
En conferencia de prensa, 45 organizaciones de la sociedad civil (OSC) llamaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que inicie el proceso y se decrete a la brevedad posible la Alerta de Género en la región Triqui, toda vez que la situación amerita con urgencia la creación y ejecución de un conjunto de medidas que garanticen los derechos humanos de las mujeres.
Acompañada de representantes del Colectivo Huaxyacac, la Colectiva Feminista de Mujeres Lilas, la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas y Espacio de Organizaciones Civiles, Beatriz Ramírez descartó que la alerta de género pudiera ser motivo para militarizar la zona, por el contrario se trata de garantizar sus derechos humanos.
Eduardo Liendro, de Diversidades, dijo que la Alerta de Género implica disposición de recursos del Gobierno federal para las comunidades, crear más espacios de comunicación comunitaria, sensibilización a las autoridades, acceso de las mujeres a mejores condiciones de vida y detener la proliferación de armas, así como facilitar la presencia de observadores de Derechos Humanos.
En la conferencia, las organizaciones hicieron un amplio recuento de los hechos de sangre que se han suscitado en la zona Triqui y en otras regiones del estado y que muestran una clara tendencia a la violencia patriarcal que va desde el secuestro, como sucedió a Daniela y Virginia Ortiz Ramírez en julio 2007, lesiones a dos menores de edad y a una mujer adulta en la zona Triqui durante enfrentamientos y emboscadas.
Además de la violación a dos menores de edad en la región y a otras dos mujeres indocumentadas por parte de elementos de la Armada de México y el asesinato de una bailarina hondurense, cuyo cuerpo fue localizado en Valles Centrales, y el asesinato de las locutoras y periodistas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, el pasado 7 de abril.
Las organizaciones denunciaron también que el Gobierno estatal “lejos de establecer condiciones para la sociedad oaxaqueña para gozar del derecho a la seguridad personal y jurídica, disfraza su ineptitud y misoginia en eventos y comunicados, mientras permite estos actos de violencia que constituyen delitos de lesa humanidad”.
También demandaron la detención y castigo a los responsables de las desapariciones, secuestros, violaciones y asesinatos a mujeres, la implementación de políticas públicas que permitan la recomposición del pueblo Triqui, rechazaron la militarización y el cerco policíaco y respeto a la autonomía y el derecho de las comunidades indígenas a una vida libre de violencia.
Por otra parte, este martes 22 el Congreso del Estado acordó crear una Comisión Plural de Diputados para dar seguimiento al caso de las dos jóvenes locutoras triquis asesinadas, para que no quede impune y que en su momento será elevada a rango de Comisión Especial.
El presidente de la LX Legislatura, Herminio Cuevas Chávez, señaló que el Congreso del estado coadyuvará para solicitar a las autoridades conocedoras del caso se agilicen las investigaciones y así se castigue con rigor de la ley a los autores de estos graves hechos, que, reiteró, no deben quedar impunes.
08/SJE/GG
