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Demandan periodistas a gobernador de Puebla y la procuradora

Por la Redacción

Comunicadores del estado de Puebla presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del gobernador de la entidad, Mario Marín Torres y la procuradora de justicia estatal, Laura Blanca Villeda, por supuestos actos de abuso de autoridad, amenazas e intimidación, para evitar que se difundan noticias en las que se critica su gestión.

La denuncia fue entregada ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Relacionados contra Periodistas, a fin de que se investigue la presunta responsabilidad de los servidores públicos en acciones que atentan contra la libertad de expresión, indicó Xavier Olea Peláez, abogado de los agraviados.

Entre los denunciantes se encuentran Alberto Ventosa Coghlan ?socio del Diario Cambio-, así como por los periodistas Mario Alberto Mejía y José Arturo Rueda, conductores de la emisión radiofónica Quinta Columna, que se emitía a través de la estación XEPA, La Nueva Diez, pero que dejó de transmitirse el pasado 30 de septiembre, presuntamente por presiones del gobernador.

De acuerdo con el documento entregado al Ministerio Público, presuntos emisarios de Marín Torres presionaron y ordenaron a Salvador Martínez Duarte sacar del aire el programa Quinta Columna, pues de lo contrario se le cancelaría la concesión, por lo que decidió rescindir sin causa justificada el contrato de arrendamiento que tenía con el empresario Ventosa Coghlan, causándole un daño patrimonial.

Estos hechos se suman a una serie de presuntas amenazas contra los comunicadores, por las críticas a la administración de Marín Torres, así como por el manejo de información de denuncia como la difundida el 25 de febrero de este año, cuando los denunciantes hicieron público que diputados y funcionarios del gobierno estatal cobraban indebidamente como aviadores en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública.

Seis meses después el contratista gubernamental Eduardo Rivera Santa María ?al parecer amigo de Marín Torres-, denunció a los periodistas ante la Procuraduría de Justicia estatal por supuesta extorsión y chantaje, por lo que se presume que se están fabricando delitos contra los comunicadores, al igual que como se hizo contra la periodista Lydia Cacho.

El abogado Olea Peláez adelantó que sus clientes se presentarán también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para sumarse como terceros perjudicados a la petición de que el máximo tribunal del país investigue a Marín Torres y sus colaboradores, por presuntas violaciones a las garantías de Cacho Ribeiro.

CASO LYDIA CACHO AL DF, PRÓXIMA SEMANA

Con relación al juicio iniciado por la denuncia por difamación del empresario Kamel Nacif contra la periodista y escritora Lydia Cacho, el juez primero de lo penal de Cancún, Gilberto Solís, entregó ya el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo para que a más tardar la próxima semana lo turne al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Será entonces cuando este organismo podrá designar al juez que desahogará el caso en la ciudad de México, informó a La Jornada el abogado defensor de la autora de Los demonios del Edén, Xavier Olea Peláez.

Una vez que llegue al Distrito Federal el expediente de Cancún, “el juez al que le corresponda conocerlo, sí admite su competencia, tendrá que sobreseer (cancelar) el juicio porque aquí ya se derogó ese delito (difamación)”, agregó

Con relación al otro proceso que lleva la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Olea Peláez aseguró a este diario que “una dificultad técnica” podría retardar al menos un mes el debate que, por segunda ocasión, llevará a cabo esta institución en torno al proceso de Lydia Cacho, ya que por cambios de los magistrados que realizaron la primera indagatoria ?aspiran a ser consejeros de la Judicatura Federal– se tendría que nombrar una nueva comisión especial investigadora.

Lo cual implica, señaló, los nuevos funcionarios “empezarían de cero y sin conocer todos los detalles del tema; esto nos puede retrasar la discusión en el pleno de la Corte sobre las violaciones a (los derechos humanos de) Lydia probablemente hasta diciembre”.

06/LR/CV

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