La organización Salud Integral para la Mujer (Sipam) pidió al partido México Posible defender la salud como un derecho humano cuya defensa, promoción y garantía corresponden al Estado, para que toda la población pueda gozar de esa posibilidad en igualdad de oportunidades.
La directora de Sipam, Pilar Muriedas, al participar en el seminario «Contrato con la ciudadanía por un México Posible», afirmó que es evidente que el derecho a la salud no es garantizado por el gobierno, particularmente para los 65 millones de habitantes que viven condiciones de pobreza.
En la reunión organizada por el partido México Posible con el fin de escuchar propuestas de la sociedad civil para integrar su plataforma electoral, Muriedas expuso que el gasto público en salud es solamente 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, menos de la mitad de la recomendación internacional.
En cambio, refirió, en Estados Unidos es de 13 por ciento y en Costa Rica de 6.8. «El gasto optimo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), debe ser de seis por ciento del PIB; estamos con un déficit muy grande».
Señaló que para México Posible, el gozar de salud debería significar la posibilidad de acceder a un estado de vida que incorpore el bienestar de las personas, el placer y la autodeterminación sobre el propio cuerpo.
«No se trata de pensar en el cuerpo inmune a malestares, pues el ser humano por sí mismo es enfermable y mortal. Tener calidad de vida debería ser una referencia, si contáramos con los recursos necesarios para la prevención, accediendo a la calidad de atención de la enfermedad y en los procesos reproductivos», dijo.
Refirió que las políticas sanitarias se han encaminado cada vez más hacia criterios mercantilistas y de privatización, a través de las reformas al sector salud impulsadas desde el gobierno federal a lo largo de más de 10 años, bajo los condicionamientos de agencias financieras internacionales como el Banco Mundial.
Así, aseguró Muriedas, el papel fundamental del gobierno en el campo de la salud se está restringiendo a la regulación de servicios y la prohibición de ciertos servicios sanitarios de compensación social, es decir, para los más pobres, los «fregados».
Propuso la redistribución del gasto público para asegurar una mayor inversión en el campo de la salud y con ello garantizar la cobertura total y calidad óptima en los servicios sanitarios, así como el impulso de campañas para salud preventiva en los distintos tipos de población.
Debe, apuntó, asignarse el seis por ciento del gasto público en salud para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, particularmente en infraestructura física, en abastos de medicamentos y para mejor las condiciones laborales del personal de salud.
También, dijo, es importante la participación ciudadana activa y democrática, para definir las prioridades nacionales, estatales y municipales desde el sector salud, «porque a partir de la incorporación de todas presiones y lineamientos del Banco Mundial, quien define las políticas de salud es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público».
El seminario «Contrato con la ciudadanía por un México Posible» inició el día 11 y concluirá mañana.
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