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Demandan que Segob rehaga reglamento de migración

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Decenas de organizaciones civiles pidieron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) que regrese el anteproyecto de Reglamento de la Ley de Migración a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que lo corrija, ya que es “excesivamente general” e impide la operatividad de la nueva legislación.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advirtió que las deficiencias en el marco jurídico derivarán en que continúen las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres, quienes por su condición de género afrontan una mayor desventaja en su tránsito o estancia en México.

El pasado 18 de mayo la Cofemer subió a su página web el anteproyecto de reglamento de la nueva ley, elaborado por la Segob, el cual de ser aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Tras conocer la versión preliminar del proyecto, las organizaciones especializadas en la defensa de los DH de las y los migrantes coincidieron en que “no garantiza los derechos de la población migrante ni facilita la regularización de los flujos migratorios”.

Por lo que solicitaron a Alfonso Carballo, director de la Cofemer, que revise las propuestas de la sociedad civil y devuelva el anteproyecto a la Segob, para que elimine “la generalidad” de su articulado.

Conformadas en el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y el Foro Migraciones, las asociaciones civiles denunciaron que el anteproyecto de reglamento no establece plazos, ni procedimientos “claros” que den seguridad jurídica a las y los migrantes. Tampoco plantea disposiciones administrativas para que esa población regule su estancia.

Kuhner puso como ejemplo que el artículo 110 del anteproyecto de reglamento plantea que para otorgar el documento de estancia legal, las personas migrantes deben mostrar solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y manutención mientras estén en el país, “pero no dice cuánto es suficiente”, acotó la activista.

Otra forma para que las extranjeras obtengan el permiso es si una organización o institución pública o privada las invita al país, para participar en alguna actividad no remunerada en territorio nacional.

El reglamento sólo hace una excepción en el caso de las embarazadas, para quienes la autoridad migratoria “tomará las medidas pertinentes a fin de que se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas que puedan brindarles el tipo de atención que requieren”.

Kuhner consideró que ninguna de las dos formas regulariza la estancia de las migrantes, quienes viajan con pocos recursos económicos y salen de su país con el deseo de encontrar un empleo que permita mejorar sus condiciones de vida.

Ellas continuarán enfrentando los riesgos de viajar de manera irregular por México, lamentó la directora del Imumi.

Para quienes permanecen en el país tampoco hay mejoras en aspectos como el acceso al empleo, ya que en el artículo 115 le solicitan a las migrantes que presenten una carta de oferta de trabajo formal, situación que se dificulta porque ellas en general se ocupan en el sector informal, refirió la especialista.

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