Organizaciones civiles de El Salvador exigirán al sistema judicial del país centroamericano una indemnización económica para reparar el daño contra Sonia Tábora, quien por una «falla judicial» pasó siete años en prisión acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, dijo a Cimacnoticias que tras la liberación de Tábora el pasado martes, se presentará un recurso jurídico a fines de este mes para demandar apoyo económico para la salvadoreña por las violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
«Vamos a estudiar la vía de seguir insistiendo en la reparación del error judicial que cometieron contra ella, porque Sonia no es responsable de ello, el responsable es el Tribunal de Sentencia del departamento salvadoreño de Sonsonate, como él mismo lo reconoció», aclaró la activista.
La «falla judicial» fue cometida por la Fiscalía de Sonsonate (que no investigó la causa del deceso del feto), el médico Mauricio Ernesto Flores Morales, quien la denunció y no la atendió adecuadamente cuando ella fue trasladada a un hospital público, así como por la defensa de oficio que le asignó el Tribunal, pues incumplió con su obligación de vigilar que se respetara su derecho al debido proceso.
Es una «cadena de violaciones a sus DH» ocurridas durante el proceso judicial que afrontó la salvadoreña en 2005. En febrero de ese año Sonia sufrió un dolor abdominal seguido de una hemorragia que derivó en la interrupción de su embarazo de siete meses de gestación. Su familia pidió ayuda a la policía de Sonsonate para que la trasladara al centro de salud.
Después de llevarla con el médico, Flores Morales la acusó de interrumpir su embarazo y uno de los uniformados regresó a la casa de Sonia y al encontrar el cadáver del feto, la mujer, de entonces 20 años de edad, fue acusada en un primer momento de aborto, pero después se le atribuyó el delito de homicidio agravado y fue condenada a 30 años de cárcel.
Por falta de pruebas contra Tábora, el pasado 21 de junio la Agrupación Ciudadana presentó un recurso de revisión del juicio, el cual fue aceptado por el Tribunal de Sentencia.
El Tribunal ordenó una audiencia para revisar el caso, que después de suspenderse en varias ocasiones, culminó con un fallo favorable para la salvadoreña debido a la ausencia de pruebas periciales directas (la autopsia del feto), para acreditarle a Sonia el delito de homicidio agravado.
Para enmendar su «falla judicial», el sistema de justicia salvadoreño debe otorgar una indemnización por 30 mil dólares (393 mil pesos mexicanos), «para apoyar a Sonia en su proceso de reintegración y rehacer su vida».
Morena Herrera mencionó que aunque la mujer cuenta con el apoyo de su familia, ésta se encuentra en condiciones de mucha pobreza y no puede costearle la atención emocional que necesita, y tampoco mantenerla mientras se inserta al ámbito laboral.
La solicitud de indemnización se presentó junto con el recurso de revisión del caso, «pero el Tribunal concedió la libertad, reconoció sus errores, pero no aprobó ni un centavo para reparar el daño que cometió», acusó la activista.
En tanto, como parte de un esfuerzo ciudadano, la agrupación feminista ofreció a Sonia acudir al programa «Trabajo con el grupo de mujeres liberadas», que consiste en apoyo emocional con el fin de lograr «un proceso de empoderamiento personal de vida».
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