Organizaciones feministas salvadoreñas, demandaron al gobierno de su país la despenalización del aborto terapéutico, promover información sobre sexualidad y anticoncepción, principalmente a las y los jóvenes, así como el abasto de métodos anticonceptivos en los hospitales del sector salud.
En un pronunciamiento firmado por la Concertación feminista Prudencia Ayala, las Dignas, la Colectiva Feminista por el desarrollo local, entre otras, las feministas exigieron también la laicidad, la desvinculación de la Iglesia en los asuntos de Estado y educación, así como el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas.
Como parte del Día Internacional por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, recordaron que hasta 1997, en El Salvador existían cuatro causales de aborto; inducido, por razones eugenésicas, por violación y por enfermedad de la madre.
Sin embargo, la injerencia de los sectores conservadores y de los jerarcas católicos en alianza con legisladores conservadores, dieron marcha atrás a estas causales y lograron penalizar el aborto en 1998 con la reforma al artículo primero constitucional de El Salvador.
Criticaron la intromisión de la Iglesia católica en las políticas públicas para controlar la sexualidad de las mujeres ya que consideran que el ejercicio de ésta sólo debe ser con fines reproductivos, y que la reproducción no es un acto humano sino un mandato divino, en el que las personas no pueden intervenir.
Señalaron que esta penalización contribuye al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad materna, principalmente de las mujeres más pobres quienes carecen de recursos para interrumpir sus embarazos de forma segura.
La penalización del aborto, dicen las feministas, orilla a las mujeres, más a las jóvenes, a una vida no deseada, a no desarrollarse, a posponer sus planes, a profundizar el ciclo de la pobreza y deteriora su salud física y mental, además de ser una imposición a una maternidad no deseada.
Consideran que la penalización del aborto constituye una política de miedo, una ley represiva para el control social del cuerpo de las mujeres que conlleva la persecución moral y estigmatización de las personas que hablan abiertamente del tema.
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