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Demandan se declare AVG en Sinaloa

Por la Redacción
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Ante la grave situación de violencia contra las mujeres en el estado de Sinaloa, que tan sólo este año dejó 72 víctimas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron al Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres) se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), durante el sexenio de Felipe Calderón el flagelo se incrementó en la entidad en 131 por ciento, al pasar de 48 homicidios dolosos de mujeres en 2007 a 111 en 2010.
 
El OCNF afirma que se pretende negar el fenómeno en la entidad ligando los casos con el crimen organizado, toda vez que información de la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que el 94 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres están vinculados con el crimen organizado, sin embargo sólo ha sido consignado el 16 por ciento, destaca el informe 2011 del observatorio.
 
Magaly Reyes Chávez, coordinadora de Mujeres por un Milenio Feminista, señaló que ante la alta cifra de asesinatos de mujeres y con base en lo que establece el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Sinaloa (LAMVLV), aprobada en 2007, el pasado viernes defensoras de los Derechos Humanos (DH) entregaron la solicitud de declaratoria de AVG a la representante legal del Ismujeres.
 
Ahora dicha instancia tendrá que convocar en su calidad de secretaria Ejecutiva al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para definir si se activa o no la AVG.
 
Reyes Chávez afirmó que en la entidad existe un contexto de violencia feminicida, que vulnera los DH de las mujeres que habitan o transitan por su territorio, lo cual requiere de la investigación e intervención inmediata de las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido por la LAMVLV y su reglamento.
 
El feminicidio en la entidad es alarmante por lo que es necesario que el gobierno estatal lo reconozca y avale la Alerta, toda vez que las autoridades lo han minimizado y afirmado que están trabajando en la materia cuando la realidad no es así, dijo la activista.
 
Hay una simulación mientras las mujeres siguen siendo violentadas y asesinadas en sus propios hogares cada vez con más saña, abundó.
 
“Hasta el momento en la entidad no se ha instrumentado una política pública coherente y efectiva que garantice a las mujeres el derecho a la vida”, acusó, y precisó que de los 72 homicidios dolosos de mujeres de este año más de 30 por ciento está ligado a la violencia familiar.
 
A ello se suma que a pesar de la tipificación del feminicidio en el Código Penal, en marzo pasado, la figura penal no se aplica y estos casos siguen clasificándose por las autoridades de justicia como homicidios dolosos, explicó Reyes Chávez.
 
La coordinadora de Mujeres por un Milenio Feminista precisó que la solicitud fue presentada a nivel local porque se contempla en el artículo 10 de la LAMVLV de Sinaloa y en el artículo 50 de su reglamento, en los que se faculta a las OSC a solicitar la declaratoria de AVG ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal que recae en el Ismujeres.
 
La activista indicó que desde Milenio Feminista esperan que la propuesta sea analizada de manera clara, ante la posibilidad de que sea denegada la declaratoria de AVG.
 
Y es que a decir de Reyes Chávez la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Consuelo Gutiérrez, ha señalado que aún es “muy temprano” para declarar la AVG, que se puede trabajar más al respecto antes de activar dicho mecanismo.
 
Mientras que la directora del Ismujeres, Elizabeth Ávila, señaló que la AVG implica la interacción de autoridades estatales y federales, y que una de las soluciones sería promover una cultura de “autoayuda, cuidado y denuncia de violencia”.
 
Para las defensoras, estas declaraciones alertan sobre el curso que pueda tomar la solicitud, sin embargo señalan estar preparadas si la respuesta es negativa, ya que pueden recurrir a la figura del amparo e incluso acudir ante instancias federales e internacionales.
 
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