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Demandan seguridad para activista en huelga de hambre

Por la Redacción

Al defender sus  derechos laborales y los de sus compañeros docentes, Luisa Margareth Castillo Mora fue víctima de tortura, privación de la libertad y tentativa de feminicidio en el estado de Chiapas.
 
Ante la negativa del gobierno de la entidad por resolver de fondo la violencia de género, y del gobierno federal para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), el pasado 8 de marzo, la mujer que desde 2010 exige a la Secretaría de Educación Pública estatal ser reconocida como empleada de base, inició una huelga de hambre.
 
Junto con otras 30 personas, hace cinco años Luisa Castillo, integrante del Sindicato Demócrata de Trabajadores Administrativos del estado de Chiapas (Sindtaech) emprendió una batalla legal por el reconocimiento de sus derechos laborales, lo que la llevó a ganar el 22 octubre de 2013 un laudo (sentencia) a su favor.  
 
Cuatro días después, Luisa fue denunciada por los delitos de extorsión, asociación delictuosa y ataques a las vías de comunicación, delitos supuestamente cometidos durante las manifestaciones realizadas por la defensora para exigir sus derechos; tal investigación continúa abierta.
 
El 11 de noviembre de 2013, al acudir a un acto público con sus compañeros, Margareth Castillo fue privada de su libertad por cuatro hombres desconocidos que la llevaron a una casa de seguridad, la torturaron y la abandonaron a la orilla de la carretera San Cristóbal de las Casas-Tenejapa creyéndola muerta, según relataron defensoras de Derechos Humanos chiapanecas, quienes emitieron una acción urgente para pedir la seguridad de la activista.
 
Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa 406/FEDSPF1/2013, radicada ante la Fiscalía Especializada de Delitos relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas. No obstante, la víctima no tiene acceso a la indagatoria por instrucciones del fiscal encargado del caso, según denunciaron activistas.
 
De acuerdo con la acción urgente –que se pretende enviar a Enrique Peña Nieto y al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello–, este caso demuestra la necesidad inmediata de que se declare la AVG en la entidad.
 
Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 se cometieron mil 564 violaciones sexuales en Chiapas.
 
De acuerdo con el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, en 2014 se registraron al menos 24 casos de feminicidio, cifra que refleja que el contexto de violencia de género en la entidad se mantiene en ascenso.
 
La organización presentó en noviembre de 2013 una solicitud de AVG ante los 90 casos de feminicidio registrados en 2013 y los 97 casos de 2012.
 
En junio de 2014 el Grupo de Mujeres de San Cristóbal ganó el amparo presentado ante la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para declarar la AVG en la entidad. Desde ese momento, el gobierno federal mantiene una investigación pendiente por violencia feminicida en el estado.
 
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