Inicio » Opinión » Monedero » Demandas y aspiraciones del feminismo

Demandas y aspiraciones del feminismo

Por Carmen R. Ponce Meléndez*
mujeresenpiedelucha_CesarMartinez

Demandas y aspiraciones del feminismo: que las mujeres sean concebidas como ciudadanas en la seguridad social; que los derechos se funden en la condición de ciudadanía; que el cuidado sea reconocido como un bien público y, en consecuencia, como materia de políticas públicas; que su redistribución entre mujeres y hombres y entre el Estado y la familia, sea un prioridad, y que se reconozca que el trabajo de cuidado no remunerado que realizan principalmente las mujeres subvenciona a los Estados y que, por lo tanto, este aporte debe ser reconocido en la seguridad social.

Afirmaciones del texto publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el titulo: “De beneficiarias a ciudadanas. Acceso y tratamiento de las mujeres en los sistemas de pensiones de América Latina”.

Las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor, salvo excepciones, están subrepresentadas entre quienes perciben pensiones. La proporción de mujeres de 65 años y más que reciben algún tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres. Si bien en la región se ha avanzado en la inclusión por medio de pensiones no contributivas, estas son las prestaciones de menor monto y no permiten a las mujeres superar la situación de pobreza. Como sucede con las tarjetas para Adultas Mayores que otorga aquí el gobierno.

Ver gráfica aquí

La gráfica anterior muestra en forma muy clara que la brecha de género de México supera con mucho a la de los otros países, es del orden del 42.0 por ciento; quiere decir que los hombres perciben casi el doble de las pensiones (de toda índole), así como las jubilaciones, por encima del monto que reciben  las mujeres. En estas condiciones el presente y el futuro demográfico del país indica una vejez femenina en la pobreza y la desigualdad;  por supuesto evidencia que no se respetan los derechos de las mujeres. Esto significa un grave retroceso en los derechos femeninos más elementales, también conlleva un menor crecimiento del país, en todos los órdenes, no únicamente en el económico.

Esta brecha que se aprecia en México responde en buena medida al fin de la pensión solidaria y la llegada de las Afores. Argentina que mantiene una pensión solidaria muestra una brecha de género de tan sólo 9.6  por ciento.

Es indispensable que de verdad se realice una reforma en el sistema de pensiones, las tarjetas para adultas o adultos mayores del Estado simplemente revisten el problema como un asunto de pobreza y no de Ciudadanía, un derecho básico femenino y por supuesto no resuelven la brecha entre géneros, simplemente la pueden suavizar levemente.

“Lograr que la dimensión de género esté presente de forma integral en el diseño de las reformas de los sistemas de pensiones constituye un desafío. La inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la población, a la demanda y la necesidad de autonomía económica y al ejercicio de sus derechos. Además, es también un requisito para la sostenibilidad de los propios sistemas.

Básicamente, en la seguridad social se pueden tomar dos grandes rumbos. Uno de ellos es asumir una seguridad social fundada en la ciudadanía, financiada con impuestos generales y desvinculada del mercado laboral. El otro es implementar un modelo financiado con aportes provenientes de las remuneraciones de las propias personas; estos son los regímenes denominados contributivos, en que la jubilación representa una proporción del salario”.

“En este contexto, las mujeres están en peor situación que los hombres en términos de cobertura. Esto ocurre tanto en el caso de personas cotizantes o afiliadas (activas), como de personas mayores receptoras de pensiones (pasivas). También están en peor situación en términos de suficiencia de las prestaciones, pues en todos los casos perciben prestaciones inferiores a las de los hombres y están sobrerrepresentadas entre quienes perciben pensiones no contributivas o sociales, que son de menor monto que las contributivas”. Por ejemplo las tarjetas que otorga el Estado a las adultas mayores.

Baste citar que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) se establece la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar a las mujeres el ejercicio del derecho a la seguridad social en igualdad de condiciones con los hombres.

A continuación se hace mención a los compromisos asumidos por los gobiernos en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017):

• Ofrecer cobertura universal, integral y eficiente mediante el financiamiento solidario.

• Articular los sistemas previsionales con un amplio espectro de políticas públicas que garanticen el bienestar, la calidad de vida y el retiro digno, y fortalezcan el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres.

• Incluir a las mujeres rurales, las trabajadoras domésticas, las autónomas, las informales y las trabajadoras por contrato, así como las distintas formas de familia, incluidas las parejas del mismo sexo.

• Incorporar mecanismos que permitan reconocer y compensar el cuidado no remunerado que brindan predominantemente las mujeres en sus hogares, a fin de integrarlas en los sistemas de seguridad social.

Aumentar la inversión pública en seguridad social, de manera que se aborden en forma integral las demandas específicas de cuidado y protección social que tienen las mujeres en situaciones relacionadas con la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y los ciclos vitales, sobre todo en la infancia y la vejez.

• Adoptar medidas que favorezcan el ejercicio del derecho al cuidado y una repartición más equitativa de este entre la sociedad, el Estado y las familias, así como el avance de la legislación laboral y los sistemas de seguridad social hacia licencias para hombres y mujeres que permitan distribuir el cuidado de forma más justa en las familias.

La normatividad nacional e internacional es muy clara, el asunto o el problema es empujar para que las mujeres informadas y organizadas luchen por estos derechos y los vuelvan realidad, pese a las resistencias que muestran los gobiernos o los partidos políticos.

*Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

19/CRPM/LGL

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. Acepto Leer más