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Demora gobierno de BC sus compromisos ante la CIDH

Por la Redacción

A pesar de los compromisos firmados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Baja California demora el cumplimiento de los acuerdos que permitirán la reparación del daño a Paulina Ramírez, la joven de Mexicali a quien en 1999 funcionarios públicos negaron un aborto legal, a pesar de que la ley se lo permitía.

En conferencia de prensa realizada aquí, Paulina y las organizaciones que la defienden ?Alaíde Foppa, de Mexicali, Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés) y GIRE- pusieron al descubierto la tardanza en la que incurre el gobierno local para reparar el daño cometido hace siete años.

Como se recordará, el 8 de marzo de 2006, los gobiernos Federal y de Baja California firmaron ante la CIDH un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con las organizaciones que defienden a Paulina.

En dicho documento, se comprometieron a hacer las modificaciones legales para evitar que se vuelva a vulnerar en la entidad el derecho al aborto por violación.

Así como a circular un documento que dé lineamientos federales para los médicos que atiendan casos de aborto por violación y a entregarle a Paulina una determinada cantidad de dinero para que ella pueda enviar a su hijo a la escuela, ponga un negocio que le permita mantenerse (y mantener al niño) y brindarle seguro social médico.

No obstante, hasta el momento, siguen demoradas las reformas legislativas y administrativas estatales para evitar la repetición de un caso como el de Paulina, como también siguen pendientes la entrega de dinero para la educación del niño y una autorización para que Paulina pueda abrir una tienda de abarrotes.

María Luisa Sánchez, directora de GIRE, hizo énfasis en la necesidad de que se cumplan los compromisos asumidos, Lilián Sepúlveda, asesora legal para América latina y el Caribe del CRR, remarcó la importancia del ASA firmado ante la CIDH, como garantía para que no se repita otra situación como la que le hicieron pasar a la joven de Mexicali en 1999.

Además, el ASA establece un importante precedente a nivel internacional, pues en las cortes europeas se está usando para defender los derechos de las mujeres.

Entre las cláusulas pendientes están las que aseguren que los funcionarios públicos no volverán a impedir el acceso al derecho a una interrupción del embarazo por violación, como lo hicieron con Paulina.

“El aborto por violación es legal en toda la República mexicana”, enfatizó Elsa Ancona, abogada de GIRE. En ese sentido, remarcó, toda víctima debe poder acceder a este derecho.

En octubre próximo, las organizaciones defensoras de Paulina, junto con representantes de los gobiernos Federal y Estatal, tendrán una reunión con integrantes de la CIDH. En ese encuentro se expondrán los avances y los retos en el cumplimiento del ASA.

Silvia Reséndiz, de la organización Alaíde Foppa, remarcó que a pesar del compromiso de no repetición por parte del gobierno estatal, “casi a diario nos enteramos de niñas violadas y embarazadas en el Estado a quienes se les obstaculiza el acceso a un aborto legal”.

06/LR/CV

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