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Denuncia Casa Alianza asesinato de jóvenes reos en penales hondureños

Por la Redacción

Cálculos realizados por Casa Alianza revelan que 159 jóvenes menores de 23 años fueron asesinados en centros de detención de Honduras entre mayo del 2002 y marzo del 2004, de los cuales 41 víctimas fueron ejecutados extrajudicialmente.

Los cuerpos de seguridad del Estado aparecen como los responsables del 69 por ciento de las muertes, informa un boletín de la organización.

En ese sentido, señala el documento, las leyes internacionales son claras acerca de que los homicidios cometidos dentro de los centros de detención de un país son responsabilidad del Estado.

El programa de Apoyo Integral de Casa Alianza Honduras reportó siete asesinatos en el Centro del Penal de Choluteca; seis en el penal Sampedrano; tres en el Centro Penal de Puerto Cortés; uno de la Penitenciaría Nacional; tres en el Centro Penal de San Pedro de Sula, y 35 en la Granja Penal de El Porvenir. En este último dos de las víctimas fueron niñas de 14 años que estaban de visita.

También se registró el asesinato de un adolescente de 17 años en las celdas de la policía metropolitana, y otros dos, de la misma edad, en el Centro Juvenil Renaciendo, en Tegucigalpa.

El Artículo Primero de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados deben garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. El hecho de que el Estado Hondureño no respetara las vidas de los reos implica multimillonarias demandas civiles y criminales.

Un día antes de dejar su puesto, el entonces Fiscal General de la República, Roy Medina, acusó a 51 personas, la mayoría miembros del ejército y de la policía, como sospechosos de los asesinatos extrajudiciales ocurridos en la Granja Penal de El Porvenir, el 5 de abril del 2003. Sin embargo, todos siguen en sus puestos pese a la gravedad de los hechos.

En marzo de este año Casa Alianza expuso las políticas represivas implementadas por Honduras, El Salvador y Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que le solicitó a esos países una invitación para visitarlos a fin de verificar las denuncias.

2004/BJ

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