La ausencia de supervisión del Estado y de las autoridades competentes provoca abusos y discriminación laboral en contra de las mujeres en las empresas maquiladoras de la frontera norte con México, denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es el caso de la empresa maquiladora A&R de México S.A. de C.V. que hasta antes de cerrar sus instalaciones en 2003, registró innumerables casos de abusos laborales en contra de las mujeres que ahí trabajaban.
De procedencia estadounidense (A&R Enterprise), A&R de México empieza su producción en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de septiembre de 1991 con el nombre de Oneita Tecma, subcontratista que presta su nombre y servicios por espacio de los dos siguientes años, mientras la maquila se establece por su cuenta.
En 1993 se realiza la primera sustitución patronal para cambiar a Oneita Mexicana SA de CV y se afilia a la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA).
«Durante los siguientes 10 años la empresa ocupa los primeros lugares en calidad, producción y bajos costos», relata el documento Diagnóstico de la ONU, al rescate de los derechos humanos laborales, 2003.
«Por la buena producción y calidad fue empresa modelo en su ramo, y llegó a tener una plantilla superior a los 500 trabajadores. Los productos se elaboraban bajo sus propias marcas», continúa.
El 9 de agosto se realiza otra sustitución patronal, quedando esta vez como nuevo patrón, A&R de México S.A. de C.V, sustitución que no fue sancionada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
En este sentido, la CIDH establece: «El Estado mexicano tiene la obligación de vigilar para que las normativas que rigen la materia tanto en el ámbito interno como internacional se cumplan cabalmente, y evitar que los hechos mencionados sigan ocurriendo».
«La estricta supervisión del Estado por medio de la autoridad competente, la adecuada aplicación de la ley y la efectiva administración de justicia, podrían atenuar los abusos y terminar con las discriminaciones que sufren trabajadoras en la frontera Norte de México».
COMIENZAN LOS PROBLEMAS
Para ser contratadas, las trabajadoras eran sometidas a examen médico (con el cual verificaban que no estuvieran embarazadas). «Ya aceptadas, firmaban un contrato de trabajo individual por tiempo determinado, que no especificaba la fecha ni el número de días», comenta el trabajo elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).
Al respecto CIDH en su informe sobre la situación al respecto, señala: «Estas trabajadoras son víctimas habituales de una forma de discriminación que afecta exclusivamente a las mujeres: las maquiladoras les exigen que se sometan a exámenes de embarazo como condición para el empleo y les niegan el trabajo si el resultado es positivo».
«El trato discriminatorio en las empresas del sector de maquiladoras está destinado a las mujeres, violando así normas internacionales de derechos humanos y laborales. El Gobierno mexicano, a pesar de su obligación jurídica internacional de garantizar la protección de estas trabajadoras, ha hecho muy poco por reconocer o remediar las violaciones de los derechos al trato no discriminatorio y a la intimidad de estas mujeres», remata la CIDH.
El 25 de febrero de 2003, el testimonio de una de las trabajadoras señalaba: «Da tristeza pero las reglas de la empresa eran muy estrictas, era como un camino recto del que no te podías salir y si llegabas un minuto tarde perdías tu bono, y te llevaban a departamento de recursos humanos para una amonestación».
En la empresa A&R, el aguinaldo, la prima vacacional, el fondo para la vivienda y el resto de las prestaciones eran de acuerdo al salario mínimo y no al salario real, por lo tanto, los incrementos no se reflejaban en estas prestaciones.
Situación también abordada por la CIDH que dice que normalmente «la situación se agrava por las condiciones insalubres en las cuales frecuentemente deben trabajar las mujeres. En ciertos casos, están en contacto con sustancias químicas y solventes sin ningún equipo de protección en los sombríos galerones, sometidas a ruidos, calores y acelerados ritmos de trabajo, así como a la monotonía de movimientos».
HOSTIGAMIENTOS
Los requisitos para contratar a las trabajadoras consistían en «tener alguna experiencia en costura, y no ser obesas ni chaparritas: debían ser delgadas, tener estatura regular. Cuando ya eran contratadas las conducían a la enfermería para hacer la prueba de embarazo que continuaba durante los próximos tres meses y si se detectaba que estaban embarazadas, se les despedía, a pesar de su buen desempeño laboral».
¿Por qué no denunciarlo? «El problema fundamental que se plantea en este sentido, es el temor de la mujer por perder su puesto de trabajo si interpone una denuncia. El trabajo en las maquiladoras representa para estas mujeres, una de las mejores opciones laborales, dada su escasa formación educativa. «El temor a perder ese seguro ingreso mensual, por lo general las lleva a tolerar los abusos», responde la CIDH.
UNA LUCHA GANADA
La no renovación de contratos, el recorte de las jornadas laborales y la renuncia del gerente «argumentando que ya no habría más producción», alertó a las trabajadoras acerca del cierre de la empresa, de acuerdo a CEREAL.
Así, el 10 de diciembre de 2002 las trabajadoras interponen una demanda ante la JLCA, reclamando el pago de sus indemnizaciones que ascienden a tres millones de pesos. El 12 de diciembre a las 16:00 horas, la Junta Especial número dos da cumplimiento al embargo precautorio por un monto de tres millones de pesos para garantizas el pago a las trabajadoras.
Cuatro días después acude un perito para hacer una valuación de la maquinaria y fija un precio de 360 mil dólares (tres millones 600 mil pesos, aproximadamente), que cubrían el monto total de su demanda. Finalmente los trabajadores logran vender la maquinaria en 300 mil dólares y obtienen el 27 por ciento de su liquidación, ya que el abogado cobró a cada trabajador el 18 por ciento: 54 mil dólares (540 mil pesos mexicanos), por sus servicios.
¿QUIEN GANO? ¿QUIÉN PERDIO?
«Este es un caso claro de violación a los derechos laborales por una empresa golondrina donde los trabajadores pudieron rescatar algo de lo que les corresponde», se abunda en el documento elaborado por CEREAL.
«En este conflicto la JLCA fácilmente resolvió el problema en la primera audiencia mediante un convenio, donde pareciera que la adjudicación de bienes la habían planeado con la administradora legal, ya que no buscó salvaguardar y buscar el derecho de los trabajadores», reprocha.
La adjudicación de bienes no les solucionó el problema, ya que desconocen y carecen los trabajadores de los recursos para la venta de maquinaria (que se calcula se vendió en el 27 por ciento de su valor real). Además «la empresa cedió sus bienes a los trabajadores para deslindarse de la carga del pago a las diferentes instituciones y proveedores con los que tenía deudas».
2004/BJ/GV/SM
