En espera de que las autoridades laborales del país anulen las «fraudulentas» elecciones locales de las secciones 29 y 50 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa a más de 5 mil trabajadoras y trabajadores, de quienes las mujeres representan 30 por ciento, se presentó ayer un informe sobre las violaciones a las garantías sindicales que experimentaron las y los petroleros del sureste, en octubre pasado.
El Informe de elecciones locales en el STPRM del Comité de Observadores Independientes (COI), realizado por diversas organizaciones civiles de derechos humanos, detalla los agravios cometidos por grupos afines al dirigente nacional de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, en contra de las y los trabajadores de las secciones 29 y 50.
La sección 29 se ubica en Comalcalco, Tabasco, y tiene una plantilla laboral de 1 mil 650 personas. Mientras que la 50 se sitúa en Paraíso, Tabasco, y cuenta con un personal de 3 mil 500 empleadas y empleados activos registrados en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Entre las violaciones a las garantías sindicales, el informe señala, que en las elecciones, las cuales se celebraron el pasado 23 de octubre, hubo compra y coacción del voto de las y los trabajadores del sureste del país, a quienes se les negó el registro de planillas de oposición y faltó verificación del quórum.
La elección fue por «aclamación», es decir, no se contó el número de votantes. Además, las asambleas se celebraron bajo presión y con la expulsión de trabajadoras y trabajadores, por parte de los grupos de choque, integrados por personas que no laboran para la empresa paraestatal o por empleados transitorios, que están en espera de su base.
A decir de Manuel Fuentes, quien participó ayer en la presentación del Informe, este hecho » repite la historia de los golpeadores y las elecciones fraudulentas» por quinta vez en el STPRM, sin embargo, hechos como este son una constante en la vida sindical mexicana.
Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló, en septiembre de 2008, el voto secreto como una garantía durante los recuentos sindicales, en Petróleos Mexicanos (Pemex) las elecciones se llevan a cabo «de manera abierta, no hay confidencialidad, y, esta situación deriva en que el voto de las y los trabajadores sea coaccionado», manifestó Fuentes Muñiz.
Sin embargo, las y los trabajadores no pueden apelar a la jurisprudencia de la SCJN porque sólo es aplicable a los conflictos entre sindicatos, no a las disputas al interior de las organizaciones sindicales, refirió el especialista en justicia laboral.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) legitima estos actos, al igual que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Ante este último organismo, el 3 de diciembre las y los trabajadores interpusieron una denunciaron las «irregularidades» en el proceso y solicitaron que se anule el proceso de elección.
Cuando no se respeta el voto secreto, explicó, se imposibilita el cumplimiento de las garantías sindicales como el derecho a la libertad sindical, establecido en la Ley Federal del Trabajo y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por México.
En estos casos, señaló el especialista en justicia laboral, las demandas pueden ganarse, pero el proceso tarda de 2 a 3 años, tiempo en el que también concluye el periodo de gestión del Comité Ejecutivo (CE) que se está defendiendo. Por lo que, al final la JFCA «les dice que ya no se puede reponer, porque es tiempo de elegir otro CE, y ermina siendo una burla para las y los trabajadores».
Sin una dirigencia que represente a las y los trabajadores, los derechos de la base trabajadora «difícilmente» serán defendidos, concluyó.
El COI, señala en su informe, que atestiguó y documentó la ilegalidad y falta de democracia y equidad, así como «las humillaciones que violentan los derechos humanos laborales» de más de 5 mil trabajadoras y trabajadores de Pemex, en una región donde se recibe, acondiciona, almacena, transporta y distribuye el petróleo que se produce en toda la sonda de Campeche.
Esta observación fue solicitada, en agosto pasado, por la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros a 24 organizaciones civiles de derechos humanos, sindicales, ecológicas y eclesiales, mediante miembros del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 y del Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29.
09/GCJ/ LGL
