Diputadas federales del PRD solicitaron al Agente del Ministerio Público Federal ejercer acción penal en contra de los servidores públicos Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación; José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, por haber incurrido en hechos presuntamente constitutivos de delito con relación al Informe Especial sobre lo ocurrido en Oaxaca del 2 de junio del año pasado al 31 de enero del 2007.
Luego de haber presentado, ayer, la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República (PGR), las legisladoras perredistas Aleida Álvarez Ruiz y Alliet M. Bautista Bravo, pidieron turnar la denuncia de hechos a Miguel Guillermo Aragón Lagunas, titular de la Unidad Especializada en investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, a fin de que se realicen todas y cada una de las diligencias necesarias para integrar la averiguación previa correspondiente y comprobar el cuerpo del delito.
Las sanciones a las que podrían hacerse acreedores, en caso de que el Ministerio Público Federal acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores público, son de dos a siete años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; así como la destitución e inhabilitación de dos a 7 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, informaron las legisladoras, tras enfatizar que sus conductas son constitutivas de delito.
Al acudir ayer a las instalaciones de la PGR para presentar la querella contra el secretario de Gobernación (Segob); el presidente de la CNDH y del Secretario de Seguridad Pública (SSP), las integrantes del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, presentaron las siguientes pruebas:
La primera que consiste en copia fotostática del ejemplar de fecha 26 de abril de 2007 del periódico Excélsior, la cual se relaciona con todos y cada uno de los hechos.
Y la segunda integrada con copias fotostáticas del oficio No. 1402-1294, suscrito por la licenciada Mercedes Martínez Barrera, coordinadora de Control de Gestión y Relaciones Públicas del Secretario de Gobernación, en el que remite al licenciado Mauricio Razo Sánchez, titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de Gobernación, el oficio del licenciado José Alberto Vázquez Cruz, secretario técnico de la Coordinación Jurídica del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados, la cual se relaciona con todos y cada uno de los hechos.
Aleida Álvarez y Alliet Bautista explicaron que el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, entregó en días pasado un Informe Especial sobre los hechos sucedidos en la ciudad de Oaxaca, a partir del 2 de junio y hasta el 31 de enero de 2007, al titular de Gobernación, quien a su vez lo hizo llegar al secretario de Seguridad Pública para hacer las observaciones correspondientes.
Con ello, afirmaron, se violó lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interior, que faculta a los servidores públicos de ese órgano autónomo a guardar reserva de la información objeto de su investigación, hasta en tanto no se notificara y se diera a conocer públicamente, y a actuar con plena autonomía.
Lo anterior considerando que varias de las quejas presentadas son por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos de ambas dependencias.
Las integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro sostienen que la conducta de los servidores públicos de la Segob, de la CNDH y de la SSP denunciados fue en contra de los principios que rigen la función pública; es decir, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
Desde la óptica de las legisladoras, la Agencia del Ministerio Público Federal deberá configurar las conductas descritas con base a los siguientes elementos:
«Los CC. José Luis Soberanes Fernández, Francisco Javier Ramírez Acuña y Genaro García Luna, son servidores públicos, ya que actualmente se desempeñan como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, secretario de Gobernación y secretario de Seguridad Pública, respectivamente.
«El C. José Luis Soberanes Fernández utilizó ilícitamente información o documentación que se encontraba bajo su custodia y a la cual tenía acceso, en virtud de su cargo a comisión.
«Los CC. José Luis Soberanes Fernández Francisco Javier Ramírez Acuña y Genaro García Luna, se coaligaron para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, en el caso que nos ocupa las Leyes de la Comisión de Derechos Humanos y la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento Interno de la Comisión de los Derechos Humanos».
Las diputadas federales del PRD en la Cámara de Diputados, Aleida Álvarez Ruiz y Alliet M. Bautista Bravo, solicitaron a la Representación Social federal (Ministerio Público Federal) dar cause a su demanda y ejercer la acción penal que en derecho proceda.
07/MLT/CV
