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Denuncian al Estado mexicano ante CIDH por violación de 11 mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

Al presentar hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de 11 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco en 2006, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia (peticionarios), confiaron en que será por esta vía que las mujeres tengan acceso a una justicia expedita.

Así lo dieron a conocer este día en conferencia de prensa Jacqueline Sáenz y Diana Martínez Medrano, abogadas del Prodh (que desde 2007 ha estado acompañando a las mujeres) y quienes informaron que Luis Arriaga Valenzuela director del Prodh y Bárbara Italia, una de las víctimas de violación, así como representantes del Cejil, se encuentran en la sede de la CIDH en Washington, como peticionarios para que ésta admita el caso de 11 de las mujeres que fueron violadas y torturadas sexualmente.

Destacaron que hoy se denunció ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por haber violado derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, de acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, informaron que en la petición se incluyeron tanto los testimonios de las 11 mujeres como los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las abogadas del Prodh manifestaron que lo que esperan de esta instancia internacional de derechos humanos con estatus consultivo ante la OEA es una recomendación al Estado mexicano para que haya justicia integral y se repare el daño a las víctimas no sólo en el aspecto económico sino en su proyecto de vida.

CONTINÚA TEMOR POR MUJERES DE ATENCO

El Prodh hizo hoy también un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad e integridad de las mujeres que denunciaron violación, tortura sexual y psicológica ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) en 2006.

Jacqueline Sáenz y Diana Martínez, denunciaron que a dos años de los hechos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde más de 200 personas fueron detenidas, de las cuales 49 fueron mujeres y 26 de ellas violadas sexualmente por policías de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Estado de México, algunas mujeres que han obtenido su libertad continúan sufriendo hostigamiento.

De acuerdo con testimonios de 11 de las mujeres que interpusieron denuncia ante la Fevim, han sido acosadas y hostigadas vía telefónica, ya sea a través de llamadas o mensajes vía celular donde les preguntan por otras de sus compañeras que denunciaron.

El Centro Prodh no descarta que quienes perpetraron los abusos sexuales contra las mujeres de Atenco sean los mismos que están haciendo estas llamadas ya que recuerda que durante su traslado al penal las mujeres fueron interrogadas acerca de sus datos personales como nombre, dirección y teléfono.

TORTURA DEMOSTRADA, POLICÍAS IMPUNES

Son varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres reciban castigo y para reparar el daño a las víctimas.

A cinco meses de los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura, señalando al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su “obligación” reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.

Los informes de la CNDH y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.

El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.

Asimismo, las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fevim la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.

Han pasado dos años de los hechos: de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y ahora procurador General de la República, únicamente 14 decidieron denunciar ante la Fevim.

De éstas, tres desistieron el proceso, y 11 continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.

08/LGL/GG

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